El secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, ha cifrado en 17.000 el número de saltos a las vallas de Ceuta y Melilla de inmigrantes que este año han intentado entrar en España y en 2.000 el de los que lo han conseguido por la segunda de esas ciudades autónomas. Así lo ha manifestado Martínez en la Comisión de Interior del Congreso, donde ha defendido la decisión del Ejecutivo y del PP de legalizar las llamadas devoluciones en caliente o entregas en frontera para dar seguridad jurídica a la actuación de la Guardia Civil.

Martínez ha aprovechado para reprochar a la oposición que no ofrezca propuestas para solucionar el problema que genera la presión migratoria sobre ambas ciudades, especialmente sobre Melilla. "¿Qué solución le damos? ¿Que todos los días entren 500?", les ha preguntado. Ha reconocido la dificultad de conseguir el "equilibrio" entre la obligación legal de custodiar las fronteras y el respeto a los derechos de los inmigrantes, pero ha dejado claro que no se puede asistir "impasible" a actos que vulneran la legalidad. Y ha insistido en que la Guardia Civil cumple con la ley en los rechazos en frontera y que de lo que se trata ahora es de dar a los agentes mayor seguridad jurídica. Objetivo que se persigue, ha añadido, con la enmienda que el PP ha presentado al proyecto de ley de Seguridad Ciudadana para modificar la de Extranjería.

Por su parte, el diputado del PP Conrado Escobar ha dicho que los rechazos en frontera "se estaban haciendo legal y regularmente desde 2005". "Lo que pedimos -ha subrayado- es que esas prácticas pacíficamente admitidas en el terreno operativo se eleven al mayor rango posible, que es la ley".

En su segunda intervención, el secretario de Estado ha asegurado que esperar a que desciendan los inmigrantes que se encaraman a la valla para luego rechazarlos tiene cobertura jurídica, "por más que no le guste a nadie, y a mi tampoco". Tras insistir en que de ningún modo quería criminalizar a los inmigrantes ni prejuzgarles, Martínez ha pedido responsabilidad a la oposición porque "tirarnos la pelota unos a otros no hace ningún favor al debate" de un asunto que necesita "aportaciones constructivas" para mejorar la seguridad jurídica.

Desde la oposición, el diputado del PSOE Felipe Sicilia ha censurado al Ministerio del Interior por no hacer todo lo posible para controlar la presión migratoria, porque ni siquiera, ha resaltado, ha aumentado el número de agentes de la Policía y de la Guardia Civil en Ceuta y Melilla, que se ha reducido. Sicilia ha reclamado la retirada de las concertinas de las vallas porque tampoco han servido de nada, ya que los inmigrantes "siguen saltando mucho más, y ahora con heridas". También ha criticado a Interior por redactar un protocolo, aún no en vigor, para la actuación de los agentes en las vallas fronterizas y hacerlo sin contar con las asociaciones de guardias civiles y con los sindicatos policiales.

Por UPyD, su diputado Toni Cantó ha expresado sus dudas sobre la legalidad de la enmienda del PP, ya que, entre otras cosas, deja en un "limbo peligroso" a la Guardia Civil, que necesita protocolos más claros de actuación. Ricardo Sixto, de la Izquierda Plural, ha considerado que el problema de España con la presión migratoria es más "asequible" que el que tienen Grecia o Italia, y ha exigido a Interior que cumpla la ley y los convenios internacionales para que al extranjero se le otorguen los derechos que le corresponden.