La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), dependiente del Ministerio de Hacienda, considera que "no parece existir una correlación temporal" entre las aportaciones de fondos realizadas al Partido Popular (PP) por las empresas que aparecen en la supuesta contabilidad B de la formación y los "volúmenes de contratación adjudicados para cada una de las empresas". Así consta en el informe definitivo que la IGAE ha remitido al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, que señala que "en relación a adjudicaciones de contratos concretos no existen informaciones suficientes en el expediente que permitan pronunciarse sobre la existencia o no de estas correlaciones o vinculaciones".

El informe ha analizado las donaciones que 15 empresas constructoras y de servicios que aparecían en los manuscritos del ex tesorero Luis Bárcenas realizaron entre los años 2002 y 2009 por un total de 4,8 millones de euros. En su conjunto se adjudicaron contratos por valor de 22.452 millones de euros en este periodo que fueron aprobados por administraciones gobernadas por el PP.

Las empresas sobre las que se ha realizado la investigación son Sacyr, FCC, OHL, Aldesa, Sando, Assignia, Azvi, Bruesa, Licuas/Desprosa, Asedes, Cyopsa-Sisocia, Construcciones Rubau, Degremont, Sorigue y José Antonio Romero Polo SAU. Sus directivos están imputados en la pieza separada del caso Gürtel en la que se investiga la supuesta caja B del PP. Todas estas sociedades realizaron donaciones que oscilan entre los 54.000 euros de Romero Polo y los 1,2 millones de Sando, al tiempo que obtuvieron en los ocho años analizados adjudicaciones por parte de administraciones populares que en el caso de Sacyr alcanzaron los seis millones de euros. A continuación se situaron FCC (5,03 millones), OHL (4,16), Aldesa (1,83), Sando (1,51) y Assignia (1,3).

En relación con las adjudicaciones analizadas, los técnicos de la IGAE señalan que, "atendiendo al efecto que pudo producir el cambio de formación política tras las elecciones generales de 2004", que ganó el PSOE, se aprecian "evoluciones dispares en las distintas empresas relacionadas" tanto en lo relativo a las adjudicaciones del Estado como de comunidades autónomas y ayuntamientos.

El informe completa uno de avance que la IGAE presentó en noviembre de 2013 y que señalaba que no podía establecerse correlación entre las supuestas donaciones al PP y los contratos adjudicados porque "a veces" existía una "diferencia de varios meses" entre las dos operaciones. Este informe sirvió de base para que la Fiscalía Anticorrupción rechazara entonces la petición que realizaron Izquierda Unida (IU) y otros colectivos para que la causa de los papeles de Bárcenas investigara también a los ex secretarios generales del PP Francisco Álvarez-Cascos y Ángel Acebes y a otros 15 empresarios.

Ruz imputó el 30 de abril de 2013 a nueve supuestos donantes del PP que aparecían en la contabilidad de Bárcenas, entre los que se encontraban el presidente de la constructora OHL, Juan Miguel Villar Mir; y el ex presidente de Sacyr Vallehermoso Luis del Rivero. También acordó investigar a los empresarios Alfonso García Pozuelo (Construcciones Hispánica), José Luis Sánchez Domínguez (Grupo Sando), Manuel Contreras Caro (Azvy), Juan Manuel Fernández Rubio (Aldesa), José María Mayor Oreja (FCC), Antonio Vilela (Construcciones Rubau) y Pablo Crespo (supuesto número dos de la trama Gürtel).