El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha anunciado que su departamento llevará a cabo medidas para aplicar en España el uso del registro de pasajeros de aviones en el marco de la lucha contra las nuevas formas de terrorismo como el yihadista.

En declaraciones a la cadena Cope ha avanzado que para finales de este año España tendrá la infraestructura tecnológica necesaria para implementar este registro. Además ha adelantado que para que tenga soporte legal su intención es que el grupo popular introduzca en el Senado una enmienda al proyecto de ley de seguridad ciudadana para que las empresas de transporte de viajeros estén obligadas a facilitar esos datos en este ámbito.

Jorge Fernández Díaz cree también necesario reformar el Código Penal para adaptarlo a las nuevas formas de terrorismo ya que el actual "dota al Estado de instrumentos para derrotar a organizaciones con una jerarquía como ETA y los Grapo pero no contra terroristas como los yihadistas en los que la red juega un papel capital para el adoctrinamiento, la captación y la financiación". Para llevar a cabo todas estas medidas considera necesario llegar a acuerdos con el PSOE ya que la lucha contra el terrorismo es un "asunto de Estado", ha destacado, y por ello tanto él como el ministro de Justicia, Rafael Catalá, se reunirán con el grupo socialista.

Ha recordado que este registro, conocido como PNR, por las siglas en inglés de Registro de Nombres de Pasajeros, fue una iniciativa de la Comisión Europea y del Consejo Europeo de 2010, pero que el Parlamento Europeo lo paralizó al oponerse grupos como el socialista que consideraron que atentaba contra el derecho a la intimidad personal. Ha aclarado que este registro busca prevenir y en su caso investigar eventuales delitos terroristas de tal forma que trata de aportar a un dispositivo tecnológico datos basados en perfiles de riesgo y al mismo solo tienen acceso los investigadores con las debidas garantías y reservas. "No se trata de datos del ámbito religioso o étnico sino de otros cómo si el pasajero ha facturado, si viaja solo y de dónde viene", para que los investigadores puedan tener sospechas fundadas de si puede ser terrorista, ha explicado. Para Jorge Fernández Díaz es una pena que se hayan tenido que producir los atentados de París para que haya un vuelco en el estado de opinión y en las posiciones de algunos grupos parlamentarios pero de todas formas para él lo importante es que se apruebe en el ámbito de todos los países esta norma que considera necesaria.

El ministro ha asegurado además que el Gobierno renunciará a su propuesta de aumentar los casos en que se permite la intervención de las comunicaciones sin autorización judicial si el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) concluye que no tiene encaje constitucional, tal como dice el dictamen que aprobó el lunes. "Si el CGPJ considera que no tiene pleno encaje constitucional le puedo asegurar que renunciamos a esa iniciativa", ha dicho. "Ni el Ministerio de Interior ni el de Justicia tenemos intención de seguir adelante, promover o imponer una iniciativa que tenga la más mínima duda de su adecuado encaje constitucional", ha añadido. Según ha dicho, la Ley de Enjuiciamiento Criminal actual ya prevé que  el ministro del Interior pueda intervenir las comunicaciones sólo por supuestos terroristas durante 72 horas antes de comunicárselo a un juez. "Otra cosa es que cuando se aprobó esa Ley el smartphone no existía y hay que adecuar esa situación a la nueva realidad", ha apostillado.

Respecto al retorno a España de yihadistas ha indicado que aunque no existe el riesgo cero, las fuerzas de seguridad estiman que son 68 las personas desplazadas desde España para combatir fundamentalmente en Siria, de las cuales 18 habrían muerto, quedarían combatiendo unas 40 y de los retornados algunos están en prisión.