El presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, defendió ayer el carácter plebiscitario de las elecciones al Parlament del 27 de septiembre, y pidió a los catalanes un resultado "que no se pueda discutir".

"Sólo depende de nosotros que haya una gran participación y un resultado claro. No podemos fallar", remarcó en su intervención en el congreso de las juventudes de CDC en Mataró (Barcelona).

Mas insistió en la necesidad de registrar un resultado claro, aunque avisó de que "lo discutirán tanto como puedan, en Madrid y también fuera de España". Y subrayó que lograr un resultado claro "no depende del Gobierno español, ni de las Cortes Generales, ni del Consejo General del Poder Judicial, ni del Tribunal Constitucional; sólo depende del pueblo de Cataluña".

"El 27 de septiembre tenemos la oportunidad de decir que no nos interesa estar en un Estado que veta a gente por defender sus ideas de manera pacífica", aseveró el presidente del Govern, que criticó al Gobierno central y advirtió: "Ante las sentencias, los recursos y querellas, Cataluña, el 27 de septiembre, tiene que hablar con el lenguaje de las urnas y de la democracia".

Mas remarcó que, aunque las cartas puedan estar repartidas, depende de los catalanes jugar la partida, y avisó: "También depende de nosotros ganarla".

Por su parte, el secretario general adjunto de ERC, Lluís Salvadó, aseguró que construir un Estado propio no es constitucional ni estatutario: "Ni ERC, y esperamos que CiU tampoco, vamos a cumplir la Constitución; vamos a hacer un Estado y la independencia".

No obstante, el número tres de ERC admitió un "punto de decepción" porque CiU "no se está poniendo las pilas y arremangando" para construir estructuras de Estado, motivo por el que su formación exigió que los presupuestos las incluyeran, a sabiendas de su inconstitucionalidad.

En una entrevista en Catalunya Ràdio, Salvadó negó que se haya cometido un "error" al incluir las estructuras de Estado en la aprobación de los presupuestos de la Generalitat y reconoció que su formación "ya había previsto" que el PP las llevaría al Consell de Garanties Estatutàries por su inconstitucionalidad.