El Gobierno ha aprobado un real decreto que establece los procedimientos que permitirán que a partir del próximo 1 de enero todas las comunicaciones que se lleven a cabo por los profesionales de la Justicia, como abogados, procuradores y graduados sociales sean exclusivamente electrónicas. El decreto regula el sistema Lexnet, que supone un nuevo avance en la implantación de la justicia digital para acercarla al ciudadano, agilizar los procesos y reducir los tiempos de espera.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha informado en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros que se trata del cumplimiento de lo que establece la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que se aprobó recientemente por el Parlamento. Ha anunciado que el próximo miércoles se celebrará en el Ministerio una conferencia sectorial con los consejeros de Justicia de las comunidades autónomas para asegurar que el día 1 de enero sea absolutamente efectivo este sistema.

El sistema se deberá utilizar para la presentación de escritos, el traslado de copias y la realización de actos de comunicación de todos los órdenes jurisdiccionales tanto por los juzgados, tribunales y fiscalías como por los profesionales de la justicia. A partir de 2017 la obligación de relacionarse de forma telemática con la Administración de Justicia se extenderá a los colectivos de notarios, registradores y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Asimismo el decreto desarrolla la posibilidad de que el ciudadano se relacione electrónicamente con la Administración de Justicia y que pueda proporcionar su número de teléfono móvil o correo electrónico para recibir mensajes de texto y avisos sobre dónde se encuentra a su disposición el acto de comunicación y la documentación correspondiente.

Rafael Catalá ha comentado que "en la actualidad abogados, procuradores o graduados sociales han de presentar los documentos físicamente en horario de oficina los días laborables ante el órgano jurisdiccional que corresponde". Ha destacado que "a partir del día 1 de enero habrá un sistema electrónico 24 horas al día, 365 días al año, siete días a la semana, y desde su oficina cualquiera de estos profesionales podrá enviar una comunicación acompañando el documento (la demanda, la contestación o la petición de prueba) y por lo tanto habrá un cambio en cuanto a esa disponibilidad extraordinario".

"Se acortan los tiempos, pues ya no hay ese peregrinaje del papel que va al registro, que sube a la oficina, que se le pasa al secretario y al juez y todo eso se hará a golpe de click y por tanto lo que antes eran días van a ser minutos", ha recalcado. Ha añadido que además "la administración electrónica aporta un elemento de seguridad y dejaremos de ver carritos de supermercados llenos de sumarios circulando por los edificios judiciales que en ocasiones han provocado extravíos".

Por otra parte ha destacado que el sistema supondrá un ahorro para la Administración del Estado en torno a 70 millones de euros al año y para el conjunto de todas las comunidades autónomas de prácticamente 420 millones. "Estamos por tanto en un escenario de transformación relevante y es una pieza de un conjunto de medidas en las que ya se han ido dando pasos", ha aclarado. En este sentido ha recordado que en los juzgados de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional existe ya el expediente judicial electrónico y trabajan sin papeles.

Además, las administraciones públicas pueden acceder al Registro Central de Penados para obtener el certificado de los particulares sin tener que ir físicamente a solicitarlo, se están inscribiendo los nacimientos desde los hospitales sin desplazarse al Registro Civil y se celebran subastas de todos los juzgados de España mediante un sistema electrónico. Asimismo, en materia de violencia de género se ha generado un sistema de comunicaciones electrónicas entre los juzgados y las víctimas para tener información continua del cumplimiento de las medidas de alejamiento. Catalá ha explicado que en esta legislatura el Ministerio ha invertido 276 millones de euros "para llegar a este momento" y ha formado a 9.500 funcionarios y ha transferido otros seis millones a las comunidades autónomas para ello.