El ex presidente del Gobierno José María Aznar ha firmado junto a un grupo de 23 ex mandatarios iberoamericanos una declaración que denuncia la "persecución política" a la oposición venezolana por parte del Ejecutivo de Nicolás Maduro. 

El texto alerta asimismo de la "ruptura del orden constitucional y democrático en Venezuela" y de "la grave crisis económica, política y de gobernabilidad que atraviesa el país" y llama la atención respecto de las "continuas violaciones a los principios fundamentales del Estado de derecho y de la democracia". 

La declaración insta a los gobernantes de Latinoamérica y del mundo a que "den muestras de solidaridad activa con el pueblo venezolano", informa la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES) que preside Aznar y que ha difundido el manifiesto. 

El texto lo ha impulsado la Iniciativa Democrática de España y las Américas, IDEA, y lo apoyan los expresidentes de Argentina, Fernando de la Rúa; Bolivia, Jorge Quiroga; Chile, Sebastián Piñera y Ricardo Lagos; Colombia, Andrés Pastrana, Álvaro Uribe, Belisario Betancur y César Gaviria; Costa Rica, Miguel Ángel Rodríguez, Rafael Ángel Calderón, Laura Chinchilla, Óscar Arias y Luis Alberto Monge; Ecuador, Sixto Durán Ballén, Lucio Gutiérrez y Jamil Mahuad. 

También lleva la rúbrica de El Salvador, Alfredo Cristiani y Armando Calderón Sol; México, Vicente Fox; Panamá, Mireya Moscoso; Paraguay, Juan Carlos Wasmosy; Perú, Alejandro Toledo; y de Uruguay, Luis Alberto Lacalle. 

La declaración, que fue presentada recientemente en Miami, se suma a las anteriormente firmadas por el citado grupo de ex jefes de Estado y de Gobierno, en las que advertían del agravamiento de la situación política, social y económica de Venezuela, pedían al Gobierno de Nicolás Maduro que respete los principios constitucionales y democráticos y las normas internacionales, y le exigían la puesta en libertad de los presos políticos. 

Tras las elecciones parlamentarias del pasado 6 de diciembre, estos líderes ya expresaron su preocupación por las amenazas a la soberanía popular y lo que entonces denominaron "amagos de crisis constitucional y democrática" que sufría el país.