Guerra civil en el PSOE. Acusaciones de "golpe de partido", de un lado, y de rebelión contra la legalidad, por otro. Los críticos forzaron ayer por la tarde la destitución del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, pero éste se aferra a unas facultades que ya no dispone sobre el papel. 17 miembros de la Ejecutiva presentaron su renuncia, lo que llevó de modo inmediato, según el artículo 36 de los estatutos, al cese de toda la dirección, incluido Pedro Sánchez. Sin embargo, lo que queda de la dirección de Ferraz, prácticamente atrincherada, entiende que siguen siendo ellos quienes deben ejecutar lo que ordena la norma ante esta situación: convocar un Comité Federal para que lleve a un congreso extraordinario en el que se elija su nueva Ejecutiva. Se trata de controlar el proceso hasta que llegue el cónclave, pero la mitad del partido ya no reconoce su autoridad.

Después de una tarde esperpéntica, César Luena, secretario de Organización, tachó de "golpe" antidemocrático la estrategia de sus contrincantes. Pedro Sánchez no compareció ante los medios y suspendió una entrevista en Tele 5, aunque permaneció en su despacho hasta bien entrada la noche. El partido está roto por la mitad, la principal formación de la oposición ha entrado en una incertidumbre diabólica mientras España carece de un Gobierno pleno desde hace nueve meses. Prueba de la alta tensión que sacude al PSOE es que el diputado sevillano Antonio Pradas,  secretario de Política Territorial y encargado de llevar las firmas de las dimisiones a Ferraz, no fue autorizado a entrar en la sede madrileña ni en su despacho. Dio la rueda de prensa en la calle, ante el estupor de medio país, que suma a la crisis institucional esta situación inédita en el PSOE. Es más, desde Ferraz se sostiene que ni a Micaela Navarro, ni a Pradas, ni a Ximo Puig, ni a García Page, ni a ninguno de los 17 dimisionarios   se les dejará entrar en el comité central cuando se celebre.

Los críticos sostienen que debería de ser el propio Comité Federal o la comisión de garantías los órganos que decidiesen cómo se lleva adelante el partido. El artículo cuatro de esta comisión explica que entre sus competencias  está la de "interpretar con carácter general los estatutos del partido, y aplicarlo "directamente en el ámbito de sus competencias con la finalidad de lograr su efectiva observancia en la conducta de los afiliados y las afiliadas del partido y de cuantos asuman responsabilidades políticas".

El problema para los oficialista es que tampoco tienen mayoría en la Comisión de Garantías, donde está la consejera andaluza María Jesús Montero, ni se fían de un comité cuya presidenta es la sevillana Verónica Pérez, mano derecha de Susana Díaz. En otras ocasiones, como en la dimisión de Joaquín Almunia como secretario general, fue una gestora, pero denominada comisión política, la que se encargó de convocar el congreso. Esa comisión estuvo presidida por Manuel Chaves, pero es cierto que nunca hasta ahora hubo tal enfrentamiento en el PSOE que impidiese consensuar cómo convocar un congreso. El plan de los críticos pasaba por que, una vez producido el cese general, una comisión  presidida por el presidente asturiano, Javier  Fernández, dirigiese el PSOE hasta que llegase ese congreso, que sólo se convocaría  hasta que el partido tuviera la calma suficiente.

El volcán socialista erupcionó después de que ayer el ex presidente Felipe González acusase a Sánchez de haberle engañado en junio pasado, después de las elecciones, porque le anunció que algunos diputados se abstendrían ante una segunda investidura de Mariano Rajoy. González venía defendiendo que ninguno de los grandes partidos, PP o PSOE, debía bloquear la investidura de quien alcanzase sumar más diputados. Tras esas duras acusaciones en la cadena Ser, Sánchez se fue a un medio digital y dijo: "Ya sabemos que Felipe González está en el bando de la abstención, ahora se debe pronunciar Susana Díaz".

La presidenta andaluza está liderando la oposición a Sánchez, pero hay cinco presidentes autonómicos más que también están de acuerdo con su destitución. Entre los miembros de la Ejecutiva que presentaron su renuncia están los presidentes manchego y valenciano, Emiliano García-Page y Ximo Puig. También renunció la presidenta federal, Micaela Navarro. Entre los dimitidos están todos los andaluces, a excepción de la onubense María Luisa Faneca. El presidente del Parlamento andaluz, Juan Pablo Durán, es uno de los firmantes. De  Castilla-La Mancha, también firmaron Manuela Galiano y Luz Rodríguez. Tomas Gómez y Eva Matarín, ambos de Madrid; la catalana Carme Chacón, el canario  José Miguel Pérez, el aragonés Carlos Pérez Anadón y la extremeña María Ascensión Murillo completan el listado de los que han renunciado.

Siguiendo los planes de César Luena, esta mañana se reunirá lo que queda de la Ejecutiva para convocar el Comité Federal, pero  es posible que esto sea rechazado por la mitad del partido. El despropósito socialista puede llegar al extremo de que sean los tribunales quienes resuelvan esta disputa. Eso, al menos, es lo que entienden los oficialistas. Lo cierto es que el PSOE nunca ha vivido una situación parecida a nivel federal, donde hasta las situaciones más complicadas se habían resuelto mediante un consenso postrero, pero ahora todos los puentes han volado.