Esta tremenda crisis económica que azota la vida española, europea y mundial desde hace ya más de siete años, ha generalizado la idea de que los servicios públicos han de enfrentarse y solucionar el problema de la sostenibilidad del sistema en su conjunto, y el de la salud, la educación y los servicios sociales en particular, para evitar su recorte progresivo y la destrucción de cuanto representa para la seguridad, el progreso y el bienestar de la comunidad. Esta idea constituye el único rayo de luz que ahora luce en estos delicados sectores, a los que no solo le hacen faltas ideas y palabras que las prodiguen, sino proyectos concretos y realidades tangibles que las conviertan en realidad.

La salud, la educación y el cuidado de los más débiles han de ser lo primero en cualquier sociedad civilizada, humana y con ambiciones. Sin ello, todo lo demás es cruel y ridículo. Precisamente por eso, toda medida que se tome en estas materias debe pensarse más que cualquiera otra: por su valor estratégico, su trascendencia y su gravedad. No digo yo, que no se esté tratando de entender así en el seno de los diferentes debates políticos; lo que sí trato de subrayar es que no solo hace falta tener buenas intenciones para ello, sino -sobre todo- aciertos garantizados, que eviten el sufrimiento de los ciudadanos, en tanto se recogen los trastos rotos de cada fracaso y se comienza de nuevo con menos recursos y menos posibilidades cada vez.

En el área de la salud, esta premisa presenta aspectos particulares. Así, de manera casi generalizada, el debate de lo que se debe y lo que no se debe hacer ha derivado hacia la dicotomía entre el concepto de sanidad pública y sanidad privada, confundiendo la sanidad y la salud con la naturaleza del empleador que abona -no que paga, pues en sanidad sólo paga el ciudadano-, la nómina y las facturas de los servicios sanitarios que se prestan, para conseguir la protección o la reposición de la salud perdida. Debate trampa este, cuando el verdadero debate -el debate serio y responsable-, es el de sanidad eficiente y sostenible frente a la sanidad del recorte, del abandono y de la espera sin fecha. En sanidad, como en educación y en política social, este debate es el fin -no el medio-, para definir y consolidar un proyecto de sociedad, donde el ciudadano sea el auténtico eje sobre el que pivota el Sistema.

La sanidad sólo puede ser así cuando es para todos, sostenible y eficiente, sin convertir estas exigencias en esa especie de mantras, que tanto se invocan en estos tiempos, cuando lo que importa es de parecer políticamente correcto. Por desgracia, la universalidad y la sostenibilidad del Sistema Sanitario son uno de esos principios que, de tanto usarlo de cualquier forma, han empezado a perder su verdadero contenido, olvidando que uno y otro implican un profundo compromiso con la viabilidad de algo que pertenece a todos y cada uno de los ciudadanos y con la eficiente administración de la solidaridad pública y privada que lo ha hecho posible durante tantos años. No cabe confusión, la verdadera defensa de nuestra sanidad pública comienza y acaba con la defensa de la eficiencia o -como decían los clásicos-, haciéndola con la mejor asignación de recursos y, si es posibles, haciéndolo así a la primera: sin despilfarrar.

Por eso, no se puede decir que en España y en Andalucía exista una sanidad pública y una sanidad privada sin más, ni que unos defiendan aquella y otros a la privada; pues lo que verdaderamente existe es una sanidad eficiente, gestionada por hombres y mujeres razonables, que trabajan en centros sanitarios públicos o privados y una sanidad ineficiente y de mala calidad, mal administrada por hombres y mujeres incapaces, en uno y otro tipo de centros. ¿Acaso alguien con algo de corazón, dos dedos de frente y algo de honradez puede defender que un hospital cueste a los ciudadanos dos o tres veces lo que vale? ¿Acaso alguien, con un mínimo de humanidad, puede defender que un hospital devuelva a los pacientes a su casa, padecido el dolor de la enfermedad, para que espere sin fecha el alivio que puede obtener en otro centro sanitario cercano? ¿Acaso alguien con un poquito de conmiseración puede dejar que uno, o dos, o tres, o más edificios hospitalarios se pudran sin terminar y cerrados, mientras se gasta el dinero en mantener otros servicios sanitarios ineficientes? ¿Acaso es posible pensar que es mejor que todo eso pase, un día y otro, y otro, y muchos más, sin permitir que la propia sociedad acuda con su propio dinero para evitar que continúe ocurriendo? No soy capaz de imaginar a ningún responsable político espantando a cualquier inversor que venga a nuestra tierra, con un proyecto sólido de reflotar parte de la industria o de los servicios destruidos por la crisis, con el argumento de que "ya vendrán tiempos mejores" y que "mientras, es mejor dejar que las cosas continúen como están". Solo soy capaz de imaginarlos haciéndole la ola. ¿…Y, en sanidad? ¿Por qué no lo hacen?