Málaga

Ecologistas creen el decreto de regularización favorecerá la especulación

  • El Gabinete de Estudios de la Naturaleza de la Axarquía ha calificado la iniciativa del Gobierno autonímico de "amnistía urbanística"

Ecologistas creen que el decreto de regularización hará al no urbanizable "más vulnerable a la especulación"

El Gabinete de Estudios de la Naturaleza de la Axarquía (GENA-Ecologistas en Acción), ha presentado ante la Junta de Andalucía una serie de críticas al decreto para la regularización de edificaciones y asentamientos en suelo no urbanizable que ha empezado a tramitar el Gobierno autonómico, un documento que, a juicio de los ecologistas, hará que el suelo rústico andaluz "sea más vulnerable a la especulación".

El presidente de GENA, Rafael Yus, ha indicado que el colectivo ya advirtió, cuando se anunció el decreto, de que éste "es contrario a la legislación vigente y deja a la Comunidad Autónoma en una situación muy peligrosa para los actos delictivos contra la ordenación del territorio", una percepción "que se ha confirmado" al conocerse el borrador.

Yus ha asegurado en un comunicado que el documento, más que un instrumento para ordenar la situación de la construcción en el no urbanizable, "es sencillamente una amnistía urbanística", y deja al campo andaluz y su paisaje "en unas condiciones mucho más vulnerables para los especuladores a partir de su aplicación".

Las críticas de los ecologistas se refieren a todo el contenido del borrador, desde la misma exposición de objetivos, en la que se fija como meta preservar los valores propios del suelo no urbanizable y, a la vez, reconocer la situación jurídica de las viviendas en el campo, objetivos que, para GENA, "son mutuamente excluyentes".

El colectivo también ha criticado la "confusión" del decreto a la hora de hablar de que, para regularizar las construcciones, se exigirá que no formen "nuevos asentamientos urbanos", aspecto que deberán juzgar los ayuntamientos, que, según Yus, "tenderán a favorecer a los infractores certificando que no forman asentamiento".

Los ecologistas han lamentado además que el decreto no hable de viviendas en suelo no urbanizable, "sino de edificaciones, un término genérico e impreciso que mete en un mismo saco a edificios de muy diferente casuística". Por eso, han pedido que el decreto se restrinja a casas de menos de 100 o 150 metros cuadrados "y deje como ilegalizables los edificios de mayor volumen".

Causa

Para los ecologistas, la calificación de algunas viviendas como "fuera de ordenación" no eliminará "la principal causa por la que se construyeron en contra de la legalidad, que es la especulación urbanística, pues sus propietarios podrán mercadear con ellas y darles usos contrarios a los que teóricamente justificaron su construcción".

Esta situación motivará, según teme GENA, que futuros infractores también se acojan a este decreto "para seguir especulando y, por tanto, no se frenará nunca la construcción en el campo".

Por otro lado, el colectivo teme que no se aplique estrictamente el artículo que indica que no se regularizarán las viviendas que se hayan construido en suelo protegido o con riesgos naturales.

Según Yus, si esta premisa se cumpliese a rajatabla, zonas como la comarca malagueña de la Axarquía, donde se calcula que existen unas 20.000 viviendas irregulares en el campo, "verían impedida la regularización del 50 por ciento de estas casas, porque la mayoría está en zonas de alto riesgo de desprendimientos y daña el paisaje".

El colectivo ha lamentado también que el decreto no haga referencia a las características tipológicas que deberían tener las viviendas en suelo no urbanizable, que apele a figuras urbanísticas como la del Hábitat Rural Diseminado y que "descargue la responsabilidad del proceso de regularización en los ayuntamientos".

"Esta decisión significa que la Junta no ha percibido que los principales responsables del urbanismo ilegal son precisamente esos ayuntamientos, que permitieron que se construyeran estas viviendas", ha indicado Yus, que ha sugerido que el proceso se acometa directamente desde la Junta de Andalucía.

Otra de las críticas se refiere a la concesión automática de la legalidad a todas las viviendas construidas antes de 1975 por considerar que entonces no se acostumbraba a pedir licencias para hacer casas en el campo, algo que, según GENA, tampoco es así.

"La Ley del Suelo anterior a este año sí exigía las licencias, por lo que es un delito que, si ahora se ignora, se debe reconocer que se trata de una amnistía urbanística sin contrapartida alguna, sin tan siquiera hacer excepción con las viviendas construidas en espacios protegidos, zonas de riesgo o viviendas que ahora tienen otros usos", ha dicho.

Por todo ello, los ecologistas entienden que el decreto "está diseñado para una situación creada en el pasado, pero nada establece para las situaciones similares que se crearán en el futuro, máxime si se tiene en cuenta que los municipios no harán nada impopular, por lo que presumiblemente se reproducirá un escenario similar, siempre que sea rentable la especulación del suelo".

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