El Juzgado de Instrucción número 6 de Málaga ha archivado la causa abierta a instancias de la Fiscalía contra 14 controladores de Málaga que no acudieron a sus puestos de trabajo durante el grave conflicto aéreo que se produjo en el puente de la Constitución de 2010, que condujo primero al cierre del espacio aéreo español y posteriormente a la declaración del primer estado de alarma que ha tenido lugar durante la democracia. Los controladores alegaron problemas de salud para ausentarse o no acudir al puesto del trabajo. El juzgado de instrucción ha citado a todos y cada uno de los médicos que extendieron aquellos partes y han confirmado durante sus declaraciones en sede judicial que efectivamente se trataba de bajas justificadas porque se encontraban enfermos. Ante estas circunstancias, el titular del Juzgado ha optado por dar carpetazo al asunto.

El 3 de diciembre de 2010 el Gobierno aprobó un real decreto que establecía los criterios para computar un máximo de 1.670 horas anuales de tránsito aéreo. Inmediatamente después decenas de controladores aéreos comenzaron a abandonar sus puestos alegando problemas físicos. La falta de trabajadores provocó que a las 20:00 de aquel día el espacio aéreo quedara cerrado y miles de vuelos de llegada y de salida tuvieran que suspenderse coincidiendo con uno de los puentes más importantes para el sector turístico español. La patronal tasó en 210 millones de euros el coste del conflicto aéreo. En el aeropuerto de Málaga se cancelaron algo más de 200 vuelos y se perdieron 30.000 noches de hotel en la Costa durante el conflicto. La ocupación hotelera prevista para aquellas fiestas cayó en 12,5 puntos, el número de viajeros se redujo en 7.500 y la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos) tasó las pérdidas en el negocio turístico dependiente de la actividad aérea en 1,1 millones.

El 4 de diciembre, con decenas de miles de pasajeros tirados en los aeropuertos españoles, el Gobierno declaró el estado de alarma. Era la primera vez desde que se proclamó la Constitución que el país llegaba esta situación. A partir de ese momento el espacio aéreo quedó militarizado y los controladores comenzaron a incorporarse a sus puestos de trabajo so pena de verse acusados de desobediencia de acuerdo con lo previsto en el Código Penal Militar. A las 16:00 del 4 diciembre el espacio aéreo se reabrió tras permanecer clausurado más de 20 horas en lo que el entonces ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, calificó de "huelga salvaje" de los controladores. Al mismo tiempo, la Fiscalía General del Estado acordó iniciar diligencias de investigación para determinar la responsabilidad penal en la que habrían podido incurrir los trabajadores responsables del tráfico aéreo en el país.

El 7 de diciembre del año pasado la Fiscalía de Málaga abrió diligencias para determinar si los controladores abandonaron sus puestos inmotivadamente para secundar una huelga ilegal. El Ministerio Público, de acuerdo con la información que le había proporcionado la empresa pública AENA, estableció en 14 la cifra de empleados que se habían ausentado del aeropuerto de Málaga y el 14 de diciembre tenía citados a los tres primeros para que prestaran declaración. Sin embargo, ninguno quiso responder a las preguntas que le planteó el Ministerio Público. Los otros 11 mantuvieron esta misma actitud. Tras concluir las diligencias de investigación, la Fiscalía de Málaga interpuso el 25 de enero una denuncia contra estos catorce controladores de Málaga.

El fiscal observó indicios de que podrían haber incurrido en un delito previsto en el artículo 409 del Código Penal que castiga "a las autoridades o funcionarios públicos que promovieren, dirigieren u organizaren el abandono colectivo y manifiestamente ilegal de un servicio público" o de aquellos, que aún sin asumir un papel de liderazgo "tomaren parte en el abandono colectivo". En el primer caso, las normas contemplan multas de hasta 12 meses y suspensión de empleo de seis meses a dos años. Las conductas previstas en el segundo supuesto establecen multas de entre ocho y 12 meses. Al tiempo, el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, indicó que el personal de los aeropuertos que había permitido el caos aéreo durante el puente de la Constitución podría ser castigado hasta con ocho años de cárcel por sedición.

Sin embargo, ni uno ni otro supuesto se han hallado en los incidentes ocurridos durante aquellas fechas en el aeropuerto de Málaga, desde el momento en que los médicos han respaldado las bajas laborales por enfermedad que alegaron los afectados, dando lugar al primer archivo judicial después de aquel conflicto.