La difícil situación económica que atraviesa el Ayuntamiento de Málaga por la deuda que arrastra es probablemente una de las razones que han llevado al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, a abrir la puerta a una posible privatización "parcial" de la Empresa Municipal de Aguas (Emasa) al anunciar que está dispuesto a estudiar ofertas como las que ya ha hecho públicamente la empresa Agbar que opera en Andalucía a través de su compañía Aquagest, la accionista de Aguas de Huelva y participada por Unicaja y CajaGranada.

Lo dijo ayer precisamente en una jornada técnica organizada por el Grupo Joly, empresa editora de este periódico, y Aquagest en Málaga y en la que señaló que si al final se toma esta decisión "será para que las cosas vayan a mejor". Así se refirió a la posibilidad de que el Ayuntamiento de la ciudad se plantee una fórmula de colaboración entre la empresa pública y la privada para gestionar el servicio del agua que hasta ahora ejerce en solitario Emasa, de la que al mismo tiempo aseguró que se siente "muy orgulloso de una empresa que ha conseguido situarse en primera línea por su prestigio" y con la que además pretende llevar a cabo un plan de expansión para hacerse con la gestión del servicio en otros municipios del área metropolitana como Alhaurín de la Torre o Alhaurín el Grande, gobernados también por el PP.

A pesar de que insistió en que está "contento" con la gestión pública que está llevando a cabo la empresa pública y matizar que esta decisión no estaría basada en una cuestión meramente económica, el alcalde de Málaga no pudo evitar hacer en voz alta una reflexión que contradijo sus palabras al afirmar que una de las principales ventajas de la participación privada y que le hace plantearse esta opción es "la mayor capacidad de control de los costos" que genera este servicio y que en los tiempos que corren "hay que procurar reducirlos".

Inluso aludió a la "mayor eficacia" de la empresa privada en la gestión de este servicio. Eso sí, añadió que "sin ánimo de ofender a los gestores públicos" que están desarrollando esta labor, en alusión al actual gerente de Emasa, José Luis Rodríguez, que se encontraba entre los asistentes a la jornada técnica. Aún así, el regidor malagueño quiso aclarar que habría que sopesar todas las ventajas y los inconvenientes que conllevaría dar vía libre a la entrada de capital privado a la gestión del agua y más si cabe cuando pretende extender la influencia de Emasa a los municipios de los alrededores de la capital.

Pero las intenciones del alcalde de la ciudad pueden entenderse mejor si se tienen en cuenta las preocupantes cuentas que arroja la empresa pública del agua. La deuda de Emasa alcanzaba hasta el año pasado la cifra de 192 millones de euros, con un aumento de 70 millones de euros respecto al inicio de esa anualidad. El salto exponencial sufrido por la línea de números rojos de la empresa parece estar en la operación financiera impulsada por el equipo de gobierno del PP en noviembre de 2009 cuando le impuso un canon de 75 millones de euros en concepto de concesión de las redes de suministro de agua instaladas en la ciudad y propiedad del propio Consistorio.

Con el abono de esta cuantía, que el equipo municipal podía usar para el pago de gastos corrientes, se perseguía paliar en buena medida los problemas económicos que arrastra el Ayuntamiento y que lo convierten en el quinto más endeudado de España por una deuda 743 millones. Ante esta situación el Consistorio está obligado a cumplir un plan de estabilidad que le limita mucho su capacidad para endeudarse. La ventaja de Emasa, como sociedad anónima, es que no está sometida a ese plan y no tiene límites para solicitar créditos. De ahí, que el Ayuntamiento pretenda obtener mediante el canon, el dinero que no puede pedir a los bancos y obliga a que sea la empresa de aguas la que se endeude con las entidades financieras.

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