El Metro de Málaga vuelve a ser invitado de lujo al Pleno del Ayuntamiento de Málaga. Éste será uno de los ejes sobre el que girará el debate de la próxima sesión plenaria, acompañado, eso sí, de la polémica que se cierne desde hace meses sobre los convenios urbanísticos que el equipo de gobierno del PP firmó al albur del nuevo Plan General de Ordenación Urbanística y cuyo cobro, según los plazos inicialmente comprometidos, se antoja harto improbable.

En el caso del suburbano, el equipo de gobierno del PP lleva una moción en la que, entre otras cuestiones, pide a la Junta de Andalucía que cumpla la palabra dada por la entonces consejera de Obras Públicas Rosa Aguilar de liberar al Consistorio de aportar los 17 millones de euros que, a día de hoy, le correspondería de la financiación de la obra del ferrocarril urbano. La reacción del Ayuntamiento tiene lugar antes incluso de que el alcalde, Francisco de la Torre, se reúna en Sevilla el próximo viernes con la titular de este departamento, Josefina Cruz, quien la semana pasada no dejó claro que cumplirá o no lo asumido por su antecesora en el cargo. Un encuentro en el que ambos representantes institucionales tratarán este asunto.

La propuesta, además, incluye otro punto en el que se reclama a la Administración autonómica a que adopte las medidas necesarias para "minimizar el impacto visual y en la movilidad de la ciudad" en Carretera de Cádiz y el campus de la Universidad de Málaga, puntos por los que discurren los dos tramos que la Junta tenía previsto poner en servicio de manera inconexa el 11 de noviembre próximo y cuya entrada en servicio se ha pospuesto a febrero de 2013. En esta línea, incluso se reclama un plan de apoyo al comercio y servicios de las zonas afectadas por los retrasos.

En cuanto a los acuerdos urbanísticos, es el PSOE el que ha solicitado la comparecencia de De la Torre para que explique la situación de cada uno de ellos, cómo ha programado su cumplimiento y en qué fechas, así como el estado de las negociaciones que la Gerencia de Urbanismo mantiene desde hace semanas con las promotoras de las principales operaciones urbanísticas, caso de La Térmica, Martiricos y los antiguos suelos de Repsol.

La portavoz socialista, María Gámez, acusó al regidor de gobernar la ciudad "a través del cuento de la lechera", al supeditar su desarrollo a los ingresos económicos derivados de unos acuerdos "que ahora quedan en el aire y sin fecha de ejecución". "Al alcalde se le ha roto ahora el cántaro, porque se encuentra con unos convenios que no podrá cobrar y con los que había inflado los presupuestos para este año con los 125 millones previstos", dijo. Adelantándose a la petición, el alcalde, admitió ayer como "evidente" que las inversiones previstas "no se pueden hacer, eso ya lo dijimos". Según dijo, los acuerdos son "un reflejo del presupuesto", y éstos fueron firmados "en momentos en los que la situación económica era distinta".

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