En el año 2005 la Junta de Andalucía impulsó el Plan de Fomento del Alquiler con el objetivo de dar una respuesta desde la Administración al difícil acceso a una vivienda con el que se encontraban miles de jóvenes y familias. Seis años después el programa está desbordado y acumula una deuda millonaria ante la avalancha de solicitudes que presentaron las inmobiliarias, los inquilinos y los propietarios. En ese escenario, el Gobierno andaluz acaba de lanzar una nueva convocatoria, recogida la semana pasada en el BOJA, de ayudas al alquiler de viviendas dotada de 14,5 millones de euros.

La medida impulsada por el Gobierno andaluz ha provocado el "lógico enfado" de las agencias de alquiler que en su momento se apuntaron a la iniciativa. La presidenta de la Asociación de Agencias de Fomento del Alquiler y Asimiladas (Asafand), Lola Navarro, aseguró que es un "contrasentido". "Son las cosas de la Junta de Andalucía, quizás tenga algo que ver que el próximo año estén convocadas las elecciones autonómicas", aseguró Navarro. Desde Asafand se apunta a que la Junta de Andalucía les adeuda a las agencias unos 5 millones de euros, cantidad similar a la que deberían recibir tanto los propietarios como los inquilinos.

Los tres actores protagonistas de este plan, las inmobiliarias, los dueños de casas y los arrendatarios, ven ahora cómo los expedientes se amontonan en la Junta de Andalucía. Según el plan, los propietarios que alquilaran su vivienda tenían derecho a recibir 6.000 euros en un periodo de cinco años, mientras que los inquilinos recibirían una ayuda mensual de 240 euros en el plazo de dos años. Las agencias, por su parte, actuaban como intermediadoras y, según el acuerdo, ganarían unos 600 euros por expediente y año. Sin embargo, desde Asafand se asegura que el crack de la política de alquiler ha provocado que de las 150 agencias homologadas que había hace unos años se haya pasado a 20.

Por su parte, el delegado de Obras Públicas de la Junta de Andalucía, Enrique Benítez, se remitió al calendario de pagos fijado por la Consejería en una reunión con las agencias que se celebró a principios de año. En aquel encuentro, la consejera de Obras Públicas y Vivienda, Josefina Cruz, se comprometió a pagar "todo lo que se adeudaba" a las agencias de fomento de alquiler "en los próximos meses", algo que, según varias inmobiliarias consultadas por este periódico, todavía no se ha producido. En aquel encuentro, Cruz confesó que los últimos planes preveían 3.000 ayudas de fomento de alquiler, tanto a propietarios, inquilinos como agencias, "pero finalmente se multiplicaron por cinco, hasta 15.000 ayudas", de manera que "los recursos inicialmente previstos no eran suficientes para dar respuesta a todas las ayudas concedidas". Uno de los escollos con los que se topan las agencias, que sólo valoran el trabajo de Benítez para desbloquear el conflicto, es que el ingreso de las subvenciones está condicionado a que previamente tanto los inquilinos como los propietarios reciban las cantidades que se les adeudan.

Como puede consultarse en la propia web de la Consejería de Obras Públicas, la nueva línea de ayudas se pretende abonar en tres anualidades, con 6,5 millones previstos para 2012, otros 7,2 millones para 2013 y 726.900 euros para el año 2014. La normativa publicada la semana pasada recoge algunas novedades en los requisitos que deben cumplir los interesados y en la presentación y tramitación de las solicitudes. La convocatoria primará a las rentas más bajas, a los colectivos de especial protección (mayores, familias numerosas o monoparentales, víctimas de violencia de género y terrorismo, etcétera), a las familias con todos sus miembros en paro o a quienes en esa situación de desempleo se ven obligados a vender su vivienda protegida por no poder afrontar los pagos de la cuota hipotecaria.

Según la información de la Junta de Andalucía, desde 2005 se han tramitado la concesión de 26.509 ayudas para los inquilinos. En esos seis años, la Junta ha destinado 52,1 millones de euros en subvenciones para apoyar a los ciudadanos en el pago del alquiler de sus viviendas, aunque la deuda, según Asafand, que mantiene en Andalucía con las tres partes implicadas podría superar los 40 millones de euros.

"Se trata de una serie de consideraciones de incidencia social relacionadas con la actual situación de crisis y con las propias necesidades familiares de la ciudadanía", aseguran desde la Junta. De igual modo, las subvenciones se presentarán, tramitarán, resolverán y abonarán en las ocho Delegaciones Provinciales de la Consejería. El deseo del Gobierno andaluz es que sean las propias delegaciones las que dirijan todo el proceso, un extremo que aún no está confirmado.