La crisis económica provocará que la provincia de Málaga tarde más de lo previsto en contar con un segundo centro penitenciario, cuya apertura estaba prevista para finales de este año o principios de 2013. Las obras de construcción de la cárcel de Archidona marchan a buen ritmo, incluso se había apuntado la posibilidad de que se concluyesen antes de lo previsto, pero la apertura de la nueva cárcel puede dilatarse en el tiempo por la falta de recursos para dotarla del personal necesario para su puesta en servicio.

Además, la intención de los nuevos responsables de infraestructuras penitenciarias sería retrasar lo máximo posible la recepción de las obras. Este extremo ha sido confirmado a este periódico por el máximo responsable de prisiones del sindicato CCOO en Málaga, Juan Carlos Blanco, que participó en el encuentro celebrado entre representantes de esta central sindical con el director general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste.

En la reunión, Yuste, les habría transmitido sus planes para las infraestructuras penitenciarias, que pasarían por la paralización de todas las obras que no hayan sido adjudicadas y el retraso en la recepción de los centros que actualmente se encuentran en construcción y con sus partidas presupuestas, como es el caso de Archidona.

Este hecho perseguiría lograr retrasar el máximo posible el tener que hacerse cargo de las instalaciones, lo que conlleva hacer frente al coste de mantenimiento de las mismas aunque estén cerradas, un apartado que puede suponer unos 5 millones de euros anuales. Este es el coste que está teniendo mantener el centro penitenciario de Figueras, que se encuentra terminado pero sin abrir. Algo parecido ocurrió con la nueva cárcel de Zaragoza, que tras permanecer cerrada durante varios años, antes de abrirla se tuvo que realizar una inversión de casi 6 millones de euros para adecuarla.

No obstante, el mayor problema al que se enfrentará la cárcel de Archidona será a la contratación de la plantilla necesaria para su puesta en funcionamiento, que se calcula que será de unos 600 empleados. De ellos unos 520 serían funcionarios y otros 60 ó 70 serían laborales.

Por otra parte, Archidona tampoco se encontraría entre las instalaciones más prioritarias a la hora de ponerlas en funcionamiento, debido a la mayor necesidad de entrada en servicio de la cárcel de Las Palmas o el completar la plantilla de la cárcel de Álava, que he comenzado a funcionar únicamente con la plantilla proveniente del antiguo centro penitenciario.

Ante esta situación, Juan Carlos Blanco, anunciaba que su sindicato preguntará de forma oficial por las previsiones de Instituciones Penitenciarias para la nueva cárcel de Archidona, al objeto de obtener una respuesta oficial sobre su futuro y las intenciones a corto plazo.

El delegado del sindicato de prisiones Acaip, Francisco Mancero, también manifestó su sospecha de que la difícil situación financiera retrasará la entrada en funcionamiento del nuevo centro penitenciario. "Nos tememos que la crisis va a demorar la apertura", comentó.

Mancero basó su preocupación en que la nueva prisión necesita de una plantilla de más de 500 trabajadores y no hay todavía ninguna oferta pública de empleo (OPE) convocada. "El Ministerio del Interior la tiene que sacar, pero ni la ha sacado, ni de momento la va a sacar", vaticinó.