Trabajar para el sector público ya no es seguro. Los empresarios malagueños denuncian que las Administraciones (Gobierno central, Junta de Andalucía, ayuntamientos, mancomunidades, Diputación, etcétera) ya le deben a las pymes 500 millones de euros por trabajos que se hicieron y nunca se han pagado. Por otra parte, los afortunados que han ingresado el dinero han debido de esperar, de media, un año para cobrar, cuando una directiva europea exige que en 2012 el plazo medio de las Administraciones Públicas para efectuar sus pagos es de 40 días y de 30 días a partir de 2013.

"La situación es tremendamente compleja y angustiosa", explica Javier González de Lara, presidente de la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM), porque "antes, si no te pagaban, ibas a tu entidad financiera y ésta te adelantaba el dinero pero ahora nada de nada, por lo que el empresario no sabe a dónde acudir".

Los empresarios malagueños señalan que el principal problema al que se enfrentan es la falta de financiación y a eso se le suma la "insostenible morosidad" de las Administraciones Públicas. Cada día que pasa la situación se agrava y eso se refleja en los datos. Según los números que maneja la patronal, en los dos últimos años han desaparecido 10.000 pymes en Málaga y un tercio ha sido por esa morosidad pública y otro tercio por la falta de financiación bancaria. La CEM estima que en Málaga hay entre 10.000 y 15.000 empresas que trabajan de forma habitual con las instituciones públicas y si éstas cobraran todo lo que se les adeuda -que en el conjunto andaluz se eleva a 3.000 millones de euros- en 24 horas podría elevarse el Producto Interior Bruto (PIB) de la provincia en 1,5 puntos y, lógicamente, no habría 200.000 parados.

La morosidad es común entre las Administraciones, pero a unas les cuesta más pagar que a otras. González de Lara no quiere dar nombres aunque afirma que las entidades más morosas son los ayuntamientos, especialmente, los de la costa occidental. En abril de 2011 la Asociación de Constructores y Promotores de Málaga fue menos diplomática y destacó que los ayuntamientos de Benalmádena, Fuengirola, Estepona, Mijas o Rincón de la Victoria son los que están atravesando más problemas a la hora de abonar sus deudas. El Ayuntamiento de Málaga, por ahora, se salva de la quema pues, según González de Lara, "está cumpliendo y pagando en un plazo razonable".

El presidente de la CEM denuncia que no solo ha habido y hay enormes dificultades para cobrar sino que incluso el trato no ha sido el correcto y deseable. "Ha habido actuaciones censurables con empresarios a los que ni siquiera se les ha reconocido que tenían una deuda con ellos", subraya González de Lara, quien reclama una "actitud para pagar y una interlocución fluida".

Los empresarios quieren cobrar para poder sobrevivir, pero también exigen una serie de cambios en las Administraciones para que haya una mayor y mejor organización. La CEM reclama que se cree un Estatuto del Proveedor que, en base a la Ley de Contratos del Sector Público, le reconozca una serie de derechos a los proveedores para "poder cobrar en tiempo y forma". También piden que se cree un registro único de facturas porque, según González de Lara, "es una locura y te encuentras situaciones surrealistas"; y que se compensen las deudas con otras obligaciones fiscales, es decir, que si una Administración le debe dinero a una empresa, ésta pueda abonar menos impuestos (IVA, IBI, IRPF...) por ese importe.