La directiva comunitaria de 1991 era clara cuando estableció que todos los municipios con una población de más de 15.000 habitantes debían contar con mecanismos de depuración antes del 1 de enero de 2001. Pocos cumplieron y hubo que ampliar el plazo hasta el 31 de diciembre de 2005 por el retraso acumulado en la finalización de las depuradoras pendientes en la Costa del Sol y que también quedó corto al prolongarlo primero hasta 2012 y luego hasta 2015 como fecha tope. En todo este tiempo no se ha logrado culminar el saneamiento integral de la provincia y la moratoria que ahora exige el ministro español de Agricultura y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, a la Comisión Europea para cumplir la legislación sobre cuencas hidrográficas, depuradoras de agua y calidad del aire y evitar que los procesos abiertos de infracción acaben en multas podría dejar de nuevo en el aire los proyectos tantas veces anunciados sobre depuración.

Hace 17 años que fue declarado con carácter urgente la finalización del saneamiento integral de toda la Costa del Sol y aún hay algunas de las obras incluidas en aquel paquete prioritario aprobado por el Gobierno de Felipe González que siguen sin terminar. El caso más flagrante es el de Nerja que se ha convertido en el único municipio del litoral malagueño que aún vierte sus aguas sin depurar al mar. La comisión de seguimiento del convenio de obras de interés, firmado entre el Gobierno central y la Junta de Andalucía en 2004, acordó el pasado mes de septiembre que el Ejecutivo hiciera una transferencia de crédito para poder licitar la obra después de haber sorteado los múltiples obstáculos que han impedido su puesta en marcha en todo este tiempo. Pero a fecha de hoy aún no se ha hecho.

Y no parece que se vaya a hacer en breve a la vista de que el ministro, que ayer participó en el Consejo de Medio Ambiente de la Unión Europea, pretende pedir más tiempo para poder cumplir con los compromisos adquiridos en materia de depuración. Ya en abril del año pasado el Tribunal de Justicia de la UE declaró a España culpable de incumplir la normativa comunitaria de depuración de aguas residuales en 38 aglomeraciones urbanas, lo que podría suponer que se le imponga una multa.

Respecto a si confía en que este gesto evitará la multa, Arias Cañete señaló que "la CE tiene que valorar que han cambiado las cosas en España, que somos un Gobierno serio y comprometido, que vamos a aprobar las inversiones en el presupuesto a pesar de la reducción presupuestaria".

No será tarea fácil porque los expertos estiman que serán necesarios más de 500 millones de euros para que el saneamiento integral de la Costa del Sol sea una realidad y se culminen las depuradoras que aún están pendientes en Nerja y la tercera de la capital (ésta última sólo corresponde hacerla a la Junta), así como ampliar otras existentes como Estepona y Manilva, que ya se han quedado pequeñas para atender la creciente demanda.

La posibilidad de que el plazo para terminar las depuradoras pendientes se amplíe fue muy mal recibido por el secretario general de Agua de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía, Juan Paniagua, que invitó al ministro a "ponerse a trabajar cuanto antes para cumplir con el escenario de 2015 para no poner en riesgo al turismo de la zona". Sin embargo, la realidad es que el saneamiento integral sigue siendo la gran asignatura pendiente y, a pesar de que la Consejería de Medio Ambiente se comprometió a que en 2012 la depuración en Málaga estaría terminada para cumplir con las exigencias de la UE, la propia Junta de Andalucía admitió el año pasado que "mucho habrá que correr" para que en 2015 se hayan terminado todas las obras que aún están pendientes y advirtió incluso de una posible moratoria para lograr el objetivo del vertido cero. Sólo se ha impulsado en este tiempo la ampliación y remodelación de la depuradora de aguas residuales de Estepona y se ha terminado la de Torrox.

En el caso de la planificación hidrológica, para lo que el ministro de Medio Ambiente también ha pedido más tiempo a Bruselas para poder cumplir con lo exigido en la directiva comunitaria de Agua, Paniagua aseguró que la comunidad sí "ha hecho sus deberes" al haber aprobado en noviembre del año pasado los planes de las tres cuencas hidrográficas intracomunitarias que gestiona -entre ellas la cuenca del Sur que discurre por la provincia de Málaga- que ahora debe aprobar el Gobierno central. Aún así, el plazo que fijaba Europa para todos los países miembros expiró el 22 de diciembre de 2009.

Precisamente, la CE denunció a España el pasado mes de septiembre por no haber adaptado su legislación nacional a la normativa comunitaria del agua, en especial en relación a los planes hidrológicos de cuenca. Arias Cañete reconoció que en la cuestión de las demarcaciones de las cuencas hidrográficas "España, salvo en un caso, incumple todas", aunque se ha comprometido a solucionarlo en dos años. Sólo ha adoptado el correspondiente a la cuenca de Cataluña.