El aumento de robos en el campo y la necesidad de muchos agricultores de proteger sus fincas y sus cooperativas resultó ser un negocio redondo para una asociación que operaba como una empresa que ofrecía servicios de vigilancia rural empleando a personal no autorizado para desempeñar esta actividad. Su fundador ha sido acusado por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil por un presunto delito de intrusismo profesional al haberse hecho supuestamente con numerosos clientes mediante precios gancho por debajo de los fijados por el colectivo de guardas particulares de campo, los únicos verdaderamente autorizados por el Ministerio del Interior para ejercer la vigilancia en las zonas rurales.

La trama fue destapada en la zona norte de la provincia de Málaga donde este colectivo estaba siendo "relegado" por esta asociación que empleaba a más de 20 personas, la mayoría llamados guardas verdes, una figura creada y regulada por la Junta de Andalucía cuya única función se limita exclusivamente a vigilar los cotos de caza. Los propios guardas de campo o vigilantes rurales -alrededor de una treintena registrados en la provincia de Málaga y unos 3.000 en toda Andalucía- a través de la Federación Española de Entidades de Guarderío (Fedguar) fueron los que denunciaron la situación "tan flagrante" que se estaba produciendo en esta zona, donde los guardas de esta asociación estaban siendo contratados por los agricultores para vigilar los olivares y hacer frente a los ladrones que operan por la comarca "cuando no están autorizados a llevar armas ni son autoridad competente para detener a nadie en caso de que sea necesario", explicó ayer a este periódico el presidente del colectivo, Juan Manuel Olivella.

Por desconocimiento de las competencias asignadas a cada uno o tal vez motivadas por los bajos precios que ofrecía esta empresa (alrededor de 3 euros la hora frente a los 8 que cobran las personas con licencia para ejercer de guardas), numerosas cooperativas habían recurrido presuntamente a estos servicios para paliar los robos. Pero con las quejas y pruebas presentadas por el colectivo de guardas de campo por la competencia desleal que supuestamente ejercían estas personas, la Guardia Civil abrió diligencias para esclarecer los hechos y que terminaron con la imputación ante un juzgado del responsable de esta empresa, que al parecer recurría a los guardas de coto por ser más baratos en sus servicios

La federación española de los guardas de campo pretende llegar hasta el final en este asunto para acabar con el intrusismo profesional y ha contratado los servicios de un prestigioso abogado "para atajar este problema y poder garantizar el futuro del colectivo", aseguró Olivella. Pero no es el único motivo, porque señaló que con la contratación de personas no autorizadas ni especializadas para ejercer labores de vigilancia "se pone en riesgo tanto a ellos como a los ladrones que se pongan delante". La provincia de Málaga es la donde más se ha extendido esta práctica ilegal en toda Andalucía, aunque no es el único lugar donde se están dando situaciones de este tipo. También en Sevilla, Córdoba, Jerez de la frontera y Cádiz ha habido denuncias similares.