Unos cuidados diez para unos jamones de diez. Es lo que debieron pensar los ideólogos de la nueva Ley de Bienestar Animal, aprobada en 2002, y que obligará a partir del 1 de enero de 2013 a cambiar por completo la forma de cría de los cerdos y en consecuencia un desembolso económico que hace que muchos agricultores se vean con la soga al cuello para que los animales vivan a cuerpo de rey. Más espacio para que convivan en grupo, mejores instalaciones e incluso poner a disposición de las cerdas gestantes algunos juguetes, como ruedas neumáticas o cajas con las que puedan entretenerse durante la espera de la maternidad en aras de conseguir unos vástagos de la máxima calidad son los requisitos que deberán cumplir los ganaderos si quieren mantener en activo sus explotaciones a partir del año que viene. Eso sí, a costa de desembolsar una media de entre 200.000 y 300.000 euros cada uno.

Ganaderos y veterinarios se echan las manos a la cabeza por la nueva normativa por carecer "por completo de fundamento técnico y zoológico" y porque ya consideran que las explotaciones porcinas están los suficientemente bien acondicionadas y los animales bien cuidados.

Aunque pueda parecer ciertamente surrealista debido a la crisis que arrastra el sector desde hace años, lo es más si se tiene en cuenta que acondicionar las explotaciones porcinas a semejantes requisitos señoriales para las cerdas costará de media 300 euros por futura madre. Si hasta ahora las gestantes eran criadas en jaulas individuales donde comían y vivían separadas del resto, desde que entre en vigor la nueva ley tendrán que hacerlo en una especie de patios o parques espaciosos y abiertos a todas donde "puedan convivir y socializarse", explicó ayer a este periódico Carlos Carreira, veterinario de la patronal agraria Asaja en Málaga.

Y ahí surge uno de los obstáculos principales de la aplicación de esta curiosa normativa porque para mantener el número de plazas madre, se deberá incrementar la superficie de la explotación y habrá casos en los que el ganadero pueda construir naves nuevas por su disponibilidad económica y también urbanística, pero en la mayoría de los casos no será posible. Si la granja se sitúa cerca de núcleos urbanos o en una zona donde haya una gran concentración, no se podrá adecuar a la ley.

La consecuencia inmediata es una presumible reducción de la cabaña ganadera, ya que se deberá aumentar en un 30% el espacio disponible. En definitiva, una explotación con una media de 500 cerdas madres, tras la adaptación a la normativa de la Unión Europea, se podría quedar con una media de 350 o 400, lo que redundaría directamente sobre su productividad.

Pero según Carreira, mientras bajará la productividad, subirán los costes de producción, no sólo por la inversión necesaria para poder continuar la actividad, sino también porque "eso obligará a cambiar el sistema alimentario y a que se desperdicie más comida al comer todas juntas". Y por si fuera poco, el veterinario vaticina que al estar agrupadas los riesgos de que se produzcan peleas entre ellas aumentan y, por tanto, se requerirá también de más personal para vigilarlas.

Hasta ahora las madres, en periodo de lactancia, se alojaban en una especie de semijaula, lo que facilitaba las tomas por parte de los lechones. Ahora, con la nueva normativa, y al estar sueltas, hay más bajas en el número de crías y menos control.

En los nueve meses que quedan antes de su aplicación, el sector confía en que haya una moratoria y que la vida señorial de las cerdas se deje para otro momento.