Dice el refrán que a perro flaco todo son pulgas y esa es la sensación que tienen numerosos constructores de la provincia que ni han cobrado obras ya terminadas y licitadas por la Junta de Andalucía ni podrán acogerse ahora al plan de pago a proveedores creado por el Gobierno, agravando sus cuentas de resultados y su propia supervivencia.

La Asociación de Constructores y Promotores de Málaga (ACP) denunció ayer que está habiendo varias anomalías que han impedido el acceso al cobro de las empresas. La situación es la siguiente. Cuando se termina una obra, un técnico hace un informe para comprobar que todo está correcto y, acto seguido, se da cuenta a la Administración, en este caso la Junta de Andalucía, para que la fiscalice, es decir, para que la incluya en su sistema de pago y se abone. No obstante, según explica Violeta Aragón, gerente de la ACP, "la Junta le ha dicho a las empresas que no presenten sus facturas porque no tenía dinero para pagarlas".

El problema radica ahora en que uno de los requisitos exigidos por el Gobierno para que la empresa pueda entrar en el plan de pago a proveedores es que esa factura esté reconocida a 31 de diciembre de 2011. Al no estarlo, al Gobierno no le consta oficialmente esa deuda y no la paga.

Ni que decir tiene que los constructores, no ya solo malagueños sino de toda la región, están que trinan. "Es un problema muy importante que está haciendo daño a muchas empresas, sobre todo a las medianas que son las que suelen trabajar con la Junta", asegura Aragón, quien critica que el gobierno autonómico "ha metido esas facturas en un cajón y ha dejado las deudas en el limbo con tal de que no se les pudieran computar".

La patronal malagueña desconoce el número exacto de empresas que se han podido ver perjudicadas por esta situación aunque, según su gerente, "la mayoría de las compañías tiene al menos una parte de sus facturas con la Junta sin fiscalizar". Este colectivo indicó hace unos meses que la deuda del gobierno regional con las constructoras malagueñas ascendía a 150 millones de euros y, en estos momentos, sigue igual. "Hay deudas contabilizadas desde el año 2005, aunque la mayoría son de 2008 en adelante", indica Aragón, quien denuncia que "llevamos un montón de tiempo sin cobrar nada".

Los empresarios quieren hallar una solución a este conflicto, aunque no se ve una salida fácil. Ya no se pueden incluir las facturas con fecha de diciembre de 2011 y tampoco hay un interlocutor claro. En Málaga se está aún a la espera de que se nombre un delegado de Obras Públicas, por lo que las conversaciones se están manteniendo con responsables de la Consejería en Sevilla. "Nos dicen que no pueden hacer nada, que tienen las manos atadas y lo entendemos pero pensamos que lo han estado haciendo mal mucho tiempo", lamenta Aragón, quien considera "imposible" cobrar las deudas de la Junta de Andalucía. Este diario se puso ayer en contacto con representantes de la Consejería de Obras Públicas pero prefirieron no hacer declaraciones.

Los constructores malagueños exigen a la Junta e incluso al Gobierno central que se busque alguna alternativa que permita a las empresas recibir el dinero que se les debe, aunque saben que va a ser un reto difícil. Mientras tanto, el paro en la construcción sigue por las nubes en la provincia y en continuo crecimiento.