Las industrias malagueñas tendrán que apretarse el cinturón en los próximos siete años y reducir drásticamente sus emisiones para contribuir a frenar el cambio climático. Las nueve empresas que entran dentro del reparto de derechos de emisión que hace la Unión Europea podrán generar de forma gratuita 798.131 toneladas de dióxido de carbono (CO2), causante del efecto invernadero, a la atmósfera el año que viene y unas 3.000 menos al final de 2020 para cumplir con el objetivo que marca el Protocolo de Kioto. O, lo que es lo mismo, el equivalente a lo que emiten unos 500.000 vehículos, casi lo mismo que supone la generación de energía eléctrica para abastecer a la capital malagueña durante un año entero y algo más de lo que libera a la atmósfera todo el transporte en Málaga, incluidos los autobuses urbanos, los trenes de cercanías, los aviones y los barcos.

La propuesta que el Ministerio de Medio Ambiente acaba de sacar a información pública, el penúltimo paso antes de cambiar de régimen de comercio de derechos de emisión, supone una reducción de algo más de 600.000 toneladas con respecto a la asignación del año pasado y que forma parte del periodo 2008-2012. Es decir, el sector industrial de la provincia no tendrá más remedio que reducir en un 43% la cantidad de gases que emite a la atmósfera.

En este notable descenso de derechos de emisiones que ahora propone la UE para la provincia influye el hecho de que a partir del próximo año y hasta 2020 quedan fuera de la asignación gratuita todas las instalaciones de generación de energía eléctrica, que sí tendrán que pagar por emitir gases de efecto invernadero, como es el caso de la central térmica de ciclo combinado que Gas Natural gestiona en Campanillas y que hasta este año podrá liberar a la atmósfera 335.252 toneladas al año sin coste alguno. También ha influido en la disminución de la cantidad de emisiones el hecho de que la producción de algunas de estas empresas ha caído en los últimos años como consecuencia de la crisis y que otras incluso no han podido superar el duro revés que han recibido tras el batacazo del sector de la construcción. De hecho, cuatro de las industrias malagueñas dedicadas a la fabricación de ladrillos y cerámica que sí entraron en el anterior reparto no tendrán asignación en los próximos siete años.

En Málaga, la empresa con más derechos de emisión gratuito es la Sociedad Financiera y Minera, propietaria de la fábrica de cemento de La Araña, con 658.998 toneladas al año frente a las 824.157 que tiene ahora. Según confirmó la propia empresa, la reducción prevista tiene que ver con la bajada de producción pero "también con el mejor rendimiento energético de la fábrica a raíz de las inversiones realizadas en el ámbito de la mejora medioambiental". El sistema de reparto de derechos de emisiones nació en 2005 como una fórmula para lograr una reducción de las emisiones industriales a la atmósfera mediante la obligación de pagar por ellas en el caso de sobrepasar los derechos gratuitos asignados por el Gobierno y con ventajas para las instalaciones más eficientes al poder vender derechos que no utilizasen. Hasta 2007 dio sus primeros pasos en un periodo en el que la asignación de derechos gratuitos cubría en gran parte de las instalaciones la totalidad de las toneladas de CO2 emitidas. En el último periodo entre 2008 y 2012 se aplicaron criterios más estrictos al rebajar las emisiones gratuitas, aunque la crisis económica restó efectividad a la medida porque muchas vendieron sus derechos ante la caída de la producción.

El nuevo periodo que se abre ahora y que se prolongará hasta 2020 acotará aún más las emisiones para frenar el calentamiento global de planeta y conseguir el objetivo marcado por el Protocolo de Kioto para reducir la contaminación un 20% en ese año con respecto a las registradas en 1990.