La defensa del promotor y empresario taurino Fidel San Román instó ayer al tribunal del caso Malaya una condena de multa por pagar un soborno de tres millones de euros al ex asesor de urbanismo de Marbella Juan Antonio Roca. El letrado Jorge Manrique argumentó que su patrocinado ha reconocido desde el comienzo de la investigación este delito y, por tanto, se le debe aplicar una pena similar a la que la Fiscalía Anticorrupción pactó con el empresario Ismael Pérez Peña por el delito de cohecho.

El Ministerio Público informó en octubre del año pasado de que había cerrado un acuerdo con Pérez Peña que determinaba una pena de dos años y tres meses de prisión sustituible por multa a cambio de reconocer que pagó un soborno a Roca. El abogado explicó ayer que "si quien llega a un acuerdo con la Fiscalía tiene un reproche penal con una limitación, quien no llega a un acuerdo tiene que tener , por analogía, un reproche penal similar", más aún cuando ha reconocido parte de la culpa.

La defensa de San Román explicó que el empresario se vio obligado a pagar el soborno y que actuó bajo un "estado de necesidad" porque había construido cuatro bloques y 66 familias estaban pendientes de que consiguiera la licencia de primera ocupación para poder instalarse en sus viviendas. De no haber actuado así se podría haber enfrentado a 66 querellas.

La Fiscalía Anticorrupción pide para Fidel San Román cinco años de prisión y ocho millones de multa por un delito de cohecho, así como otros cuatro años de cárcel y 40 millones de multa por blanqueo de capitales. El acusado siempre ha negado que contribuyera al lavado de capitales del ex asesor de urbanismo de Marbella.

El letrado Jorge Manrique inició su informe final en el caso Malaya su deseo de que el principal acusado en el caso Malaya pueda salir de la cárcel una vez que concluya el juicio. Se da la circunstancia de que Juan Antonio Roca ingresó en prisión en marzo de 2006, o sea hace seis años y tres meses cuando hasta la fecha sólo tiene una condena firme de seis años y 10 meses de reclusión.

En general las defensas de los empresarios acusados se han quejado de la inconcreción de las acusaciones y de la falta de pruebas. Uno de los letrados recordó que los procesados suman ya "seis años de pena de banquillo y no es de recibo que la acusación se limite a reproducir unos hechos que se contienen antes de realizar la vista oral", en alusión al Ayuntamiento de Marbella y a la Junta de Andalucía.

La defensa del acusado José María Enríquez criticó la conducta procesal de ambas acusaciones por su "dejadez" al analizar la prueba practicada en la vista oral. En su opinión esa actitud "debe tener reflejo en la sentencia", estimando que deben ser condenadas en costas, es decir, que ambas partes, en su opinión, deberían afrontar las minutas de los abogados de los procesados.