"Esto es una pesadilla que llevo viviendo desde el año 2009, fecha en la que tuvimos que dar de baja la empresa de mi mujer". Francisco Ramírez, Kiko, actualmente operador de limpieza en el Ayuntamiento de Cártama, pero parado hasta hace unas semanas, no pudo impedir ayer que la orden judicial de desahucio que pesaba sobre su vivienda se llevara finalmente a cabo.

Ni los miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, que acamparon la noche del martes cuando fue notificada la orden de desahucio, ni la presencia vecinal y de diferentes cargos políticos del Ayuntamiento de Cártama que apoyaban la causa, pudieron impedir que Kiko, su mujer y sus tres hijos, abandonaran ayer la casa en la que llevan viviendo unos doce años.

Finalmente, tras el tercer aviso de desahucio por parte del BBVA a lo largo de estos tres años, el desenlace de esta historia se desencadenó en tan sólo unas horas.

En torno a las 10:00, un equipo de élite de La Guardia Civil, Los GRS (Grupo de Reserva y Seguridad) formado por casi 50 efectivos, llegó a la vivienda situada en la estación de Cártama para analizar la situación, y tras la negativa de Kiko y de los integrantes de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca a desalojar la entrada de la casa, los miembros de la Guardia Civil comenzaron a acordonar la zona para llevar a cabo el lanzamiento.

Casi 50 miembros de estos cuerpos especiales comenzaron a desalojar a los vecinos y manifestantes uno a uno, de manera pacífica, hasta que la resistencia hizo que los GRS se emplearan con contundencia, sacándolos por la fuerza entre hasta cuatro agentes.

Cuando la entrada a la vivienda quedó totalmente despejada, un par de agentes se encargaron de derribar la puerta con un mazo, después de que los cerrajeros no pudieran abrirla por sus propios medios. Una vez dentro, procedieron al desalojo de la vivienda y establecieron un nuevo cordón policial que impedía el acceso a los alrededores de la vivienda a la familia, a los vecinos e incluso a la prensa.

De esta manera, Kiko y su familia protagonizaron el enésimo desahucio que tiene lugar en la provincia, abandonaron la casa y después de hacerse con algunas de sus pertenencias. Seis lanzamientos diarios y más de 625 durante el primer semestre son las terribles cifras que señalan una realidad acuciante en nuestra provincia y en nuestro país.

Marisol, mujer de Kiko, aseguraba emocionada "no dar crédito ante tal despliegue policial" y explicaba que durante estos días se alojará en casa de algún familiar.

Leonor García, concejal del Partido Popular de Cártama, mostró su apoyo a la familia junto a otros concejales locales y además, explicó que todos los grupos políticos de la corporación municipal apoyan a la familia por unanimidad y esperan que se paralicen los lanzamientos.

Coincidía con la opinión del Defensor del ciudadano de Málaga, Francisco Gutiérrez, que consideraba que "tenemos que modificar la ley hipotecaria para que se pueda conseguir la dación en pago. La situación de Kiko "es la que sufren muchas otras familias normalizadas". En el sentido de que son personas que han tenido trabajo, Kiko incluso estuvo trabajando como transportista para la banca, pero la crisis le llevó a cerrar su negocio y a verse en una grave situación económica.

Francisco Ramírez asegura que dejó de pagar la hipoteca en marzo de 2009, aunque unos meses antes de que la situación de impago se produjera, hizo saber al banco que no podía hacer frente a su hipoteca. Según Kiko, intentó llegar a un acuerdo con la entidad bancaria pero no hubo manera de encontrar un punto común.