28 hectáreas de terreno en el límite con el municipio de Torremolinos, parcela que se ha convertido en las últimas décadas en motivo de confrontación de una ciudad que reclama su propiedad. Málaga sigue hoy, 84 años después de que lo cediese para el asentamiento de las tropas que se dirigían hacia la Guerra de África, esperando poder disfrutar del antiguo campamento Benítez. La reivindicación, aparcada por completo ante el anuncio del Ministerio de Fomento de devolver este suelo a la capital de la Costa del Sol sin coste alguno, sigue sin tener respuesta, y por tanto, este privilegiado espacio se mantiene bloqueado al paso y al uso de los vecinos.

El pasado 26 de junio fue la última ocasión en la que la ahora titular de Fomento, Ana Pastor, informó del desbloqueo total de lo que antaño fue una senda atascada por la demanda judicial entre el Consistorio y la Administración central. Pero el anuncio de la ministra, que emplazaba a la firma posterior de un convenio con el alcalde, Francisco de la Torre, para solventar la cuestión, sigue instalado en el espacio de lo irreal. Los casi dos meses transcurridos desde esas declaraciones se suman a los tres que pasaron antes desde que la propia Pastor, en su primera visita a la ciudad, en un acto del PP, eliminase las posibles dudas y aseguró que el Benítez volvería a ser de Málaga.

"Cuenta con ese compromiso", le dijo la ministra a De la Torre en el citado acto, al objeto de que pudiese disponer del espacio "de forma inmediata". Pero lo que iba a ser inmediato no lo es tanto, por cuanto desde que se produjo la confirmación del Gobierno de que revertirá el Benítez al Ayuntamiento pasan ya unos seis meses, sin que nadie formalmente precise el momento en que se procederá a firmar el mencionado documento. De hecho, desde la Casona del Parque, fuentes consultadas apuntan que no existe aún un día D para tal acontecimiento.

Y ese es el paso imprescindible para poder acometer el deseo del Ayuntamiento de convertir estas 28 hectáreas en un parque. Este fue el uso acordado por las administraciones local, autonómica y estatal en los varios encuentros que mantuvieron a lo largo de 2011 en la idea de activar el uso y disfrute de este espacio. Sin embargo, los contactos pusieron nuevamente de relieve la distancia que antes de las elecciones generales del pasado mes de noviembre mantenían el Gobierno central y la Junta de Andalucía, ambos gobernados en aquel momento por el PSOE, y el Ayuntamiento de la ciudad, del PP.

Los aparentes puntos de encuentro estallaron cuando el alcalde insistió en la necesidad de que el espacio verde tuviese consideración de metropolitana, lo que dejaría en manos de la Administración regional el coste del mantenimiento. Una posición con la que mostraron su desacuerdo los otros dos interlocutores, así como a la reclamación de De la Torre para que la inversión sobre los terrenos se elevase al menos a 20 millones, cifra muy lejana a los poco más de cinco millones que barajaban las otras dos instituciones.

Se da la circunstancia de que ahora, cuando todo apunta a que los terrenos pasen a ser patrimonio de la ciudad, y el Ejecutivo tiene el símbolo del PP, el discurso del regidor malagueño se ha tornado menos beligerante, al punto de no exigir dinero alguno al Gobierno y limitarse a apuntar la disposición del Ayuntamiento a aportar un millón de euros en lo que resta de año para empezar a visualizar lo que debe ser el parque del Benítez.

Lo ocurrido con este espacio es el ejemplo de proyecto que de ser bandera política de los gestores acaba arrumbado en el interior de un cajón, sin que nadie se haga responsable del mismo. Porque antes del parque en solitario que ahora se propugna, el Ministerio de Fomento, encabezado por Magdalena Álvarez, anunció a bombo y platillo su intención de asentar sobre estos terrenos el Picasso de la obra pública y el transporte. Un gran museo, centro lúdico y zona verde, todo en uno para potenciar un atractivo más de la ciudad. Hasta 300 millones de euros dijo Álvarez que se invertirían en la parcela. Lo único que se dedicaron fueron 2,2 millones de euros, que es el coste que supuso el concurso de ideas convocado para la redacción del proyecto constructivo del citado equipamiento y que tuvo en la arquitecta catalana Carme Pinos la persona seleccionada. Durante meses, Pinos redactó el plan especial de la zona y proyectó los edificios que, en un futuro iban a albergar todo tipo de exposiciones vinculadas a la materia en cuestión.

Pero lo que fue compromiso, quedó en nada, por cuanto la salida de Álvarez del ministerio desembocó en una retirada inmediata por parte de su sucesor, José Blanco, quien no quiso saber nada de Museo del Transporte ni de nada que se le pareciera, al punto de que ante el supuesto acuerdo para limitar la intervención a un parque llegó a reclamar aprovechamientos valorados en 76 millones al Ayuntamiento a cambio de cederle los terrenos de forma temporal.

Un museo sobre los planos, un delfinario en el imaginario del alcalde y ahora un parque pendiente de un convenio pendiente de la agenda de la ministra de Fomento. Es la secuencia más cercana en el tiempo de 28 hectáreas que simbolizan la reclamación histórica de una ciudad, que a pesar de notar la cercanía del final del camino, sigue esperando.