La adaptación al Plan de Ordenación Territorial de Andalucía (POTA), que entró en vigor en el año 2005 para reordenar la planificación urbanística de la comunidad, sigue siendo una asignatura pendiente para la mayoría de los municipios de la provincia de Málaga. Solamente 12 de los 101 pueblos malagueños han adecuados sus planes generales de ordenación urbana al documento de planificación regional casi ocho años después desde su aprobación.

Es decir, todos los demás -un total de 89- se verán afectados de una u otra forma por el decreto ley 5/2012 de medidas urgentes en materia urbanística y para la protección del litoral andaluz, que fue aprobado el martes por el Consejo de Gobierno y que entró ayer en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, por no haber aprobado aún sus planes de desarrollo urbanísticos y que en algunos casos están vigentes desde hace diez o veinte años con previsiones de crecimiento por encima de las posibilidades actuales.

Los únicos municipios que quedan completamente exentos de la nueva norma por tener adaptados ya su futura planificación urbanística al POTA, según confirmaron ayer a este periódico fuentes de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, serán Alfarnate, Antequera, Arenas, Benamocarra, Cañete la Real, Fuente de Piedra, Guaro, Iznate, Málaga, Fuengirola, Marbella y Pizarra.

En el caso de los tres últimos, son los únicos de los 14 municipios costeros del litoral malagueño a los que no les afecta la suspensión cautelar que el decreto plantea de los proyectos urbanísticos previstos en los terrenos urbanizables del litoral hasta que se desarrolle el llamado Plan de Protección del Corredor Litoral de Andalucía, que establecerá los objetivos y criterios de protección de los primeros 500 metros de costa únicamente en suelos no sectorizados o aquellos que ya han sido programados por los ayuntamientos pero aún no cuentan con planes parciales.

Este plan se espera tener listo en enero con la intención de que se someta al trámite de información pública sobre junio. A partir de entonces las medidas cautelares afectarán a los terrenos que no superen ese examen y, en el caso de que el plan se retrase, el decreto ley tiene un plazo de vigencia de dos años.

Más allá de los municipios del litoral, el decreto ley también introduce medidas para incentivar a los municipios del interior a que adecuen sus planes urbanísticos al POTA y que en la provincia de Málaga afecta a 78. En este caso, la nueva norma recoge que la revisión debe haberse efectuado en el plazo contemplado en los planes y, si no lo especificaron, en los ocho años siguientes a su entrada en vigor. O, lo que es lo mismo, tienen menos de un año para hacerlo.

Para los que hayan superado los plazos, tienen obligatoriamente que acogerse a las restricciones que marca el POTA y que impide crecimientos urbanísticos por encima del 30% de su población o del 40% de su superficie. Pese a la reacción crítica que la medida ha despertado en numerosos municipios, el consejero andaluz de Turismo, Rafael Rodríguez (IULV-CA), defendió ayer que la medida es "absolutamente imprescindible" para que en el futuro el destino turístico "no tropiece en las mismas estacas del pasado".

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