Los representantes de los colegios de trabajadores sociales de Andalucía se reunieron ayer en Málaga para analizar, entre otras cuestiones, la aplicación de la Ley de Dependencia en la comunidad.

Los profesionales, que se organizaron en torno a las mesas de trabajo de salud y dependencia, asumen que Andalucía es una de las comunidades autónomas con un desarrollo de la norma más avanzado, pero advierten de que aún hay un largo camino por recorrer. Ellos son los encargados de ir a las casas y valorar el grado de dependencia de las personas que solicitan un recurso, a las que diseñan una hoja de ruta. De ahí que conozcan mejor que nadie las dificultades que surgen cada día para sacar adelante la normativa.

Ana María Rey, presidenta del Consejo Andaluz de Trabajadores Sociales, cuestionaba ayer el hecho de que la Junta de Andalucía haya elaborado una instrucción interna por la que deniega el asistente personal a los discapacitados intelectuales y a los menores de 16 años. "La promoción de la autonomía es tan importante como el apoyo a la dependencia y se está dando de lado", dijo. Rey también alerta de que "no se puede caer en la tentación de otorgar sólo el recurso de la paguita porque corremos el riesgo de dejar a las mujeres en casa, más dependientes", dijo. La trabajadora social puso el ejemplo reciente de una profesora universitaria a la que se le había propuesto el recurso de pagarle para que se quedara en casa cuidando a su hijo. "Estas críticas las hacemos como parte del sistema, no queremos dinamitarlo, sino mejorarlo porque lo conocemos", comentó.

Los trabajadores sociales preparan un paquete de propuestas que harán llegar a la Junta para su discusión.