Cristóbal Guerrero, presidente del Consorcio Provincial de Bomberos (CPB) en los años en los que una auditoría refleja irregularidades en las cuentas, se defendió ayer de las acusaciones vertidas sobre él asegurando que en "los seis años y medio al frente del Consorcio jamás me pusieron una nota de ilegalidad en ninguno de los documentos que se me dieron para firmar". Con estas declaraciones hacía referencia a que la labor de la interventora era justo la de controlar y fiscalizar la gestión económico-financiera y que, sin embargo, en este sentido a Guerrero no le consta "ningún tipo de advertencia".

El funcionamiento en el Consorcio es el mismo que "en cualquier otro organismo público", explicó su ex presidente, que concretó que las propuestas de gastos y compras las presentaba el gerente "avaladas por los responsables de la zona", que son los que determinan las necesidades de cada una de las dotaciones de bomberos y que la "resolución" de éstas corresponde a la secretaria-interventora. "Yo no soy economista ni abogado, no tengo por qué serlo, soy político", reclamó Cristóbal Guerrero, que concluyó que la gestión pública está avalada siempre por técnicos y personal que están detrás de la persona pública. Aún así, sobre la auditoría dada a conocer por la Diputación con las cuentas del Consorcio y de la que él se está informando a través de la prensa insistió: "me parece muy bien" y "la responsabilidad que tenga, la asumiré".

La auditoría de 2008 a junio de 2012 del CPB recoge unos "gastos ficticios" por un importe de 1,58 millones de euros. Destaca además un cargo de 60.000 euros en concepto de "Factura Fundación" del que no existe documento alguno que lo justifique y la existencia de facturas por compra de trajes y corbatas por más de 10.000 euros.

Por otra parte, el Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local de Málaga envió ayer una nota tras la información publicada por este periódico referente un informe derivado de la auditoría y en el que se alude a "irregularidades en el desempeño de las funciones" de la secretaria-interventora del Consorcio y por lo que se le abrirá expediente. En el escrito concretan que "para imputar algún tipo de responsabilidad a un funcionario ha de seguirse un cauce legal que no es la mera opinión del abogado encargado de la auditoría". Además de que el control externo del sector público lo lleva a cabo, en el caso andaluz, la Cámara de Cuentas.