El primer paso para que la multinacional canadiense CNWL Oil lleve a cabo sus planes de buscar gas en el mar de Alborán, frente a las costas de las provincias de Málaga, Granada y Almería, ya está dado. El Gobierno central ha arrancado la tramitación del proyecto con la publicación ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del estudio de impacto ambiental que la empresa presentó el año pasado para poder realizar simplemente la campaña sísmica, es decir, el barrido de los fondos marinos mediante un sonar que le permitirá determinar la existencia de posibles bolsas de gas en el subsuelo de esa amplia zona.

El plazo de alegaciones al proyecto de investigación comenzó ayer mismo y se mantendrá en los próximos 30 días hábiles para una vez concluido estudiar e incorporar, si procede, las aportaciones que se realicen, como requisito previo a la autorización del sondeo sísmico por parte del Ministerio de Industria.  Si finalmente se autoriza esta prueba, el barrido sísmico será la primera fase de este proyecto de investigación llamado Chinook y cuyos permisos fueron concedidos por el Gobierno central a la canadiense CNWL OIL en 2010, pese a que fueron solicitados cuatro años antes. Su vigencia es de seis años y supondrá una inversión de más de 28,6 millones de euros.

Este primer paso consistirá en  realizar una campaña de datos sísmicos en tres dimensiones en un área de 1.189 kilómetros cuadrados con el objetivo de determinar la estructura geológica del subsuelo marino y su potencial en recursos de gas natural, que no petróleo. La localización exacta de la superficie objeto del estudio se enmarca en pleno mar de Alborán, a unos kilómetros al sureste del puerto de Málaga y a 17 kilómetros al sur de del puerto de Motril (Granada). La técnica utilizada para la obtención de estos datos, con los que posteriormente se determinará la existencia o no de bolsas de gas en la zona, será el empleo de una fuente de energía (emisiones de onda acústica) mediante dispositivos de aire comprimido que serán arrastrados por una embarcación especializada a una profundidad de entre cuatro y ocho metros bajo la superficie del mar.

Todos los datos obtenidos tendrán que ser procesados en un plazo aproximado de tres años antes de que la multinacional valore la posibilidad de realizar o no un sondeo exploratorio que permitiría comprobar verdaderamente la existencia de gas en la costa oriental andaluza. Pero en el mejor de los casos, las pruebas de producción para determinar si hay una cantidad de gas suficiente para que sea rentable su comercialización no se harían hasta 2018.

El retraso de al menos dos años con respecto a los planes iniciales de la compañía se debe precisamente a la obligatoriedad de realizar un estudio de impacto ambiental para poder llevar a cabo esta primera fase, un trámite que hasta la fecha solamente era exigido cuando llegaba la hora de perforar el pozo exploratorio pero no para la prospección. El cambio de requisitos que recoge el real decreto 1/2008 de la Ley de Evaluación Ambiental obligó a la empresa canadiense a realizar un informe que, por ejemplo, no tuvo que hacer Repsol cuando en 2005 llevó a cabo la prospección en la costa de Mijas y Fuengirola.

Hasta mayo del año pasado cuando Industria le requirió la elaboración de este estudio, la compañía contaba únicamente con un análisis previo de impacto ambiental que entregó el 17 de junio de 2011 tanto al Gobierno central para solicitar la autorización de los trabajos como a todos los organismos que pudieran estar interesados para explicar los pormenores del proyecto gasístico. La empresa ha tenido que reducir la superficie de estudio y alejarla a un mínimo de 17 kilómetros de la costa, además de renunciar a la obtención de datos en dos dimensiones.