El caso Hidalgo contra el fraude fiscal y el blanqueo de capitales puso fin a la carrera profesional del juez que dirigió la investigación, Francisco Javier de Urquía. En junio de 2010, tres años después de ordenar el dispositivo policial que provocó las detenciones y los registros, el magistrado fue condenado a dos años de prisión y 17 años de inhabilitación por prevaricación y cohecho. El Tribunal Supremo ratificó esta pena en 2012 y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) lo expulsó de la judicatura.

Urquía, como titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Marbella, ordenó en el arranque del caso Hidalgo el ingreso en prisión del paquistaní Azam Khan por presunto blanqueo, tras ser investigado en Bélgica por un fraude fiscal estimado en 136 millones de euros. El sospechoso, a través de un tercero, le hizo llegar al juez 60.000 euros a cambio de su libertad y la de su familia. Todos consiguieron la libertad bajo fianza.

Finalmente, Azam Khan se enfrenta en el caso Hidalgo a dos años de prisión y cuatro millones de multa por blanqueo de capitales, mientras que la petición de pena para su sobrino Jan Khan se eleva a ocho años de reclusión y multa de 118 millones por blanqueo y fraude fiscal.

En el juicio, el empresario de origen iraquí David Shamoon, propietario de los hoteles Puente Romano y Marbella Club y fallecido hace apenas un mes, compareció en calidad de testigo. Ante el tribunal que juzgaba al juez que lo había investigado afirmó que apenas unas semanas después de desatarse la operación Hidalgo Philipe Junot, primer marido de Carolina de Mónaco, le comunicó durante un almuerzo que Arnaud Albouhair, un empresario vinculado a los negocios discotequeros de Marbella y amigo del juez Urquía, le había ofrecido un arreglo para sus problemas judiciales previo pago de cinco millones de euros. La prueba que, según declaró, le había ofrecido para demostrarle su acceso al sumario era un papel en el figuraban los datos registrales de una finca que tenía previsto vender y el nombre del supuesto comprador. Se trataba de una información que en ese momento solo estaba al alcance de sus empleados de confianza y del juez.

En 2011, cuando Urquía ya estaba apartado de la carrera judicial se descubrió otro asunto turbio en el que había sido su juzgado. Ocho joyas aportadas por la esposa de Azam Khan para avalar su fianza en este procedimiento, en el que finalmente no ha sido acusada, habían desaparecido de la caja fuerte del juzgado. Por el momento se desconoce el desenlace de este asunto.