Nada. Ni aumentando el plazo. A los promotores malagueños no les ha interesado en absoluto la posibilidad dada por la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía de convertir viviendas de renta libre en inmuebles de protección oficial (VPO) para beneficiarse de las ayudas fiscales dadas por la Administración autonómica a empresas y compradores y para que los primeros pudieran desprenderse del importante número de viviendas que tienen en stock en la provincia.

Como ya adelantó este diario el pasado 5 de junio, la Asociación Provincial de Promotores y Constructores de Málaga (ACP) -organismo encargado de mediar entre los promotores y la Junta de Andalucía toda la documentación- puso un mes de plazo a los interesados. En ese periodo sólo se presentaron 350 solicitudes, por lo que la ACP decidió alargar una semana más el tiempo para ver si algún otro promotor se sumaba a la idea. Finalizado ya el plazo, los promotores sólo han pedido el cambio de tipología para 400 viviendas de las cuales 125 están en la capital, 85 en Mijas y el resto en Vélez-Málaga, Cártama Estación, Sierra de Yeguas, Colmenar, Coín y Alhaurín de la Torre. Este número, teniendo en cuenta que los propios promotores reconocen que hay 13.500 viviendas sin vender en estos momentos y que este número podría elevarse a 25.000 a finales de año, es casi ridículo.

Violeta Aragón, gerente de la ACP, señaló ayer a este periódico que "son muy pocas" y achacó ese desinterés a que "para poder vender una VPO hay que tener unas características muy concretas como, por ejemplo, que la vivienda no tenga más de 90 metros cuadrados o un precio máximo de 174.000 euros". A eso hay que añadirle que "el comprador no puede vender el inmueble en un plazo de 10 años y eso también hace que sea más difícil su comercialización". En este sentido, los promotores que se han acogido a la medida han sido aquellos que vendían pisos con una superficie similar y cuyo precio de venta estaba en torno a los 200.000 euros, por lo que su recorte de ingresos no es tan significativo si con ello consiguen deshacerse del inmueble, un hecho que está castigando tanto a promotores como a particulares por la paralización de las ventas.

Ante el fracaso de la medida, Aragón destacó que siguen negociando con la Junta de Andalucía en la búsqueda de nuevas opciones, entre las que señaló la firma ayer por la tarde del Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012 de Andalucía que contempla el objetivo de que el 40% de las viviendas que se construyan hasta 2012 sean VPO con una inversión total de 12.000 millones de euros, de los cuales 3.000 serán aportados por la Junta de Andalucía.