Las decenas de cargos eventuales de las que se nutren el Ayuntamiento de Málaga y la Diputación, como principales exponentes del municipalismo en la provincia, pueden respirar tranquilos. La amenaza que suponía para su continuidad la reforma local impulsada por el Gobierno central queda sensiblemente descafeinada después de que el documento ya en tramitación rebaje de manera más que evidente los límites de contratación permitidos.

De hecho, según ciertas interpretaciones de la norma, que en no pocos preceptos es ciertamente ambigua, la previsión es que la incidencia sobre las contrataciones a dedo, al menos en estas dos instituciones, no se deje notar hasta junio de 2015, es decir, después de las elecciones locales de ese año. Lo que parece mantenerse, al menos conforme a la literalidad de la ley es la imposibilidad de que entes como las mancomunidades de municipios incluyan en sus respectivas plantillas, algo que toca de lleno la situación de la Mancomunidad de la Costa del Sol Occidental, que tiene entre sus contratados a casi una treintena de cargos.

No obstante, fuentes del PP expusieron que se trata de cuestiones que si bien se recogen literalmente en el documento, "están aún sobre la mesa". Al respecto, apuntaron la intención de "abordar bien" este asunto en los próximos meses, en los que la norma será objeto de debate. Conforme a esta explicación, es más que previsible que la afección sobre los cargos a dedo se anule en el caso de todas las corporaciones y entes locales al menos hasta después de los comicios municipales. Un alto dirigente del PSOE-A señaló que el asunto de los cargos eventuales es uno de los elementos en los que los principales alcaldes populares del país han presionado al Gobierno, en la exigencia de eliminar las previsiones iniciales.

Más allá de las interpretaciones, lo que la ley dice es que en un ayuntamiento como el de Málaga o en la propia Diputación los puestos eventuales no podrán exceder del 0,7% del número total de puestos de trabajo, considerando sólo ciertos entes. De acuerdo con este apunte, en el caso de la institución supramunicipal se toparía con la obligación de eliminar 33 de los 48 trabajadores que tienen esta condición en la actualidad. Esta plantilla de confianza supone para las arcas de la entidad del orden de 2,3 millones de euros anuales.

Pero suaviza la literalidad con una disposición transitoria que alude exclusivamente a los ayuntamientos con una población superior a los 500.000 habitantes, caso del de Málaga. En la misma, se le permite "mantener en sus plantillas hasta un 1,5% (frente al 0,7% anterior) de puestos de trabajo de personal eventual hasta el 30 de junio de 2015, fecha en que deberá aplicarse la limitación prevista". Algunas interpretaciones señalan que ello es, a su vez, aplicable a la Diputación, aunque en el documento no se habla de la misma.

Otra vertiente de la nueva norma incide en el perfil de los directores generales y coordinadores generales. La pretensión que sean sólo funcionarios los que aspiren a estos puestos se difumina. Bien es cierto que la propuesta actual mantiene la tesis, pero otorga al reglamento orgánico municipal la posibilidad de que, "en atención a las características específicas de las funciones de tales órganos directivos, su titular no reúna dicha condición de funcionario".

Al tiempo, en la disposición transitoria décima condiciona la aplicación del precepto sólo a los nombramientos que se produzcan "con posterioridad" a la entrada en vigor de la ley. Esta circunstancia libera a siete de los 12 directores generales que hay en la Casona del Parque (de Comunicación, de Turismo y Conventio Bureau, de Cultura y Deportes, de MedioAmbiente y Sostenibilidad, de Promoción Empresarial y Empleo, de Derechos Sociales y Participación Ciudadana y de Igualdad de Oportunidades), ninguno de ellos funcionario. No se habla de gerentes en la norma.

La medida impulsada por el Gobierno para racionalizar el gasto de las administraciones locales, ordenando sus competencias, es generosa con los emolumentos que pueden llegar a cobrar los dirigentes municipales. En especial, el alcalde de la capital de la Costa del Sol, Francisco de la Torre, y el presidente de la Diputación, Elías Bendodo, que pueden llegar a percibir el mismo salario que un secretario de Estado, hasta 100.000 euros brutos anuales. El dato supera en más de 30.000 euros lo que actualmente percibe Bendodo, y en unos 11.000 lo que ingresa De la Torre, que cobra como senador 77.672 euros, a los que añadir otros 11.000 de asistencia a Pleno en el Ayuntamiento.