Un grupo de padres del colegio San Patricio de la capital, donde cursa sus estudios el menor de 6 años transexual, cuya familia ha pedido que se le permita ir a clase con el uniforme femenino, presentaron ayer una instancia en la Delegación de Educación de la Junta de Andalucía pidiendo una reunión con la delegada provincial, Patricia Alba. Del mismo modo, expresaron su descontento por que la Administración regional no haya contado con su opinión para tomar una decisión, que califican de "arbitraria", respecto a las medidas a adoptar por el centro.

En el documento, avalado por más de un centenar de firmas, los padres explican que han conocido por los medios de comunicación la decisión de la Junta de acceder a la petición de los padres del menor para que el colegio, perteneciente a la Fundación Diocesana Santa María de la Victoria, que depende del Obispado de Málaga, le permita asistir a clase vistiendo el uniforme femenino, utilice el baño de las niñas y sea llamado por el nombre consensuado por la familia.

Así, este colectivo lamenta que para la toma de esta decisión "se haya oído sólo a los padres del menor, y en ningún momento se haya consultado con el resto de padres de una comunidad educativa compuesta por más de 800 familias". Además, denuncian que la forma en que se ha planteado el caso "por la vía del chantaje emocional, ya está siendo una influencia educativa negativa tanto para el niño como para el resto de alumnos".

"No se ha pensado en los posibles efectos que esta decisión, en nuestra opinión arbitraria, puede provocar en el normal desarrollo social y psicológico del resto de los alumnos del centro", critican en el escrito.

Por ello, exigen "que se paralice inmediatamente la recomendación hasta que sean escuchadas todas las partes en el conflicto y se hayan presentado los informes pertinentes". Es más, los firmantes solicitan también a la Delegación de Educación que les presenten los "informes psicológicos del alumno y de su familia que recomiendan proceder de la manera que la Administración exige".

Incluso, advierten de que se reservan su "derecho a emprender acciones legales contra los responsables de la Administración en caso de que la obligatoriedad de esta medida provoque cualquier tipo de problema en el desarrollo de los alumnos o en la normal convivencia del centro, en defensa de los derechos legítimos de nuestros hijos".