El juzgado de instrucción número 5 de Torremolinos ha pedido al ministerio fiscal que informe contra quién o quiénes debe continuar la causa por los presuntos delitos económicos y societarios cometidos en el seno de la Asociación para la Defensa y Protección de los Animales Parque Animal, cuya directora, Carmen Marín, fue detenida en 2010 e imputada por los supuestos delitos de maltrato animal e intrusismo profesional.

Se le acusa de la presunta muerte indiscriminada de, al menos, 2.865 animales en menos de dos años mediante métodos eutanásicos no permitidos que presuntamente fueron llevados a cabo también por otro empleado del centro imputado en el caso. Pero el juzgado consideró oportuno la apertura de una pieza separada para investigar si la responsable de la asociación y algunos de los miembros de la junta directiva, la mayoría familiares de la imputada, podrían haber acumulado fondos obtenidos de forma presuntamente ilícita al amparo de la actividad desarrollada por Parque Animal a raíz de la investigación llevada a cabo por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil.

En una providencia de la jueza que instruye el caso, fechado el pasado 30 de octubre, se insta a la Fiscalía a que determine los posibles imputados en la pieza separada dado que existen imputados diferentes cuando se incoó la causa por el delito contra el maltrato animal. Además, el juzgado ha dado cuenta a la Fiscalía de la documentación presentada por el Seprona, en cumplimiento del requerimiento efectuado por resolución del pasado 27 de mayo, sobre las facturas investigadas por el Seprona para que "interese en su caso las diligencias a practicar".

El informe, al que se refiere la jueza, fue presentado en una primera fase por la Guardia Civil a dicho juzgado el 22 de diciembre de 2010 y que revelaban que se podían haber producido supuestos incrementos de patrimonio no justificados en el entorno familiar de la presidenta vitalicia de Parque Animal en los últimos años y, que incluso Carmen Marín y algunos de los miembros de la junta directiva presuntamente podrían haber manejado fondos en metálico para fines comerciales que poco tenían que ver con la actividad en sí del centro de recogida de animales abandonados. Además, los investigadores encargados del caso consideraron en su informe que todo ello podría haberse hecho "con la clara intención de ocultar y encubrir los bienes y productos de los ilícitos que se vienen investigando a través de su transformación permitiendo su integración en el circuito económico-financiero con apariencia de legalidad". A raíz de los indicios hallados en la investigación previa por el sacrificio masivo de animales en el centro, cuya concesión para la recogida de los animales abandonados había sido dada a la asociación diez años antes por el propio Ayuntamiento de Torremolinos.