El Gobierno no ha hallado hasta ahora ningún bien de la familia Gadafi en España. Fuentes oficiales de la Embajada de Libia han lamentado que el ejecutivo de Mariano Rajoy dé "la callada por respuesta" a la petición formal de que se localicen sociedades y patrimonio privativo de los Gadafi en el país para su bloqueo, tal y como acordó el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en febrero de 2011.

Inmediatamente después del acuerdo de la ONU, España bloqueó la finca La Resinera, en Benahavís, propiedad del Libyan Foreign Bank, que una vez depuesto el dictador pasó a manos del Gobierno libio. Unos meses después se hallaron varias cuentas bancarias con algo más de un millón de euros a nombre de Jamis Gadafi, uno de los hijos del dictador que estudiaba en el Instituto de Empresa de Madrid hasta que regreso a su país para ponerse al frente de la brigada que poco después reprimió con brutal violencia la rebelión en Bengasi. Desde entonces, el Gobierno libio no ha tenido ninguna otra noticia del ejecutivo español relacionada con los bienes del dictador y sus familiares.

Libia volvió a pedir que se iniciara la búsqueda de activos de la familia Gadafi en España durante la visita que realizaron en diciembre del año pasado el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, y la ministra de Fomento, Ana Pastor, al frente de una delegación comercial que pretendía situar a las empresas españolas en las grandes obras de reconstrucción de este país magrebí.

Aunque este asunto "se trató en la visita y el ministro libio de Asuntos Exteriores pidió ayuda para determinar y clarificar los bienes de la familia Gadafi que puedan existir en España todavía estamos esperando".

Se sospecha que a familia del dictador Libio derrocado en 2011 tras un levantamiento popular durante las denominadas primaveras árabes disponen de bienes a través de sociedades y administradores fiduciarios entre los que figuran al menos dos viviendas de lujo en la Costa del Sol. Sin embargo, aunque "se tiene esa impresión", según las fuentes consultadas en la Embajada de Libia en Madrid, no se ha dado ningún paso para confirmar la existencia de ese patrimonio.

De los ocho hijos de Gadafi fueron Seif el Islam y Aisha los que aparecieron esporádica y discretamente en la Costa. El primero llegó a tener reuniones en Estepona con intermediarios británicos y estadounidenses poco antes de que la Libia de Gadafi aceptara indemnizar a las víctimas del atentado al avión de la Pan Am cuando sobrevolaba Lockerbie (Escocia, Reino Unido).

Seif el Islam que jugó un papel destacado durante la represión tiene pendiente una orden de detención dictada por la Corte Penal Internacional en junio de 2011. Libia se ha negado hasta ahora a entregarlo con el argumento de que es voluntad del pueblo libio juzgarle en su país en cuanto tenga listo el nuevo sistema judicial.

El bien más llamativo de Libia en España es La Resinera, la finca más grande que queda en la Costa del Sol y posiblemente una de las de mayor tamaño de Andalucía. Se trata de una parcela de 6.500 hectáreas de superficie que se extiende entre Benahavís, Estepona, Pujerra y Júzcar. La mayor parte del suelo está protegida por su valor ambiental, si bien dispone de 500 hectáreas en Benahavís que sí son urbanizables.

El terreno, de cuyo mantenimiento siempre se ha encargado el banco libio, nunca ha tenido aprovechamiento económico. Durante los últimos años del Gobierno de Gadafi el titular del suelo, el Libyan Foreign Bank, planteó un proyecto inmobiliario que comprendía un campo de golf de 18 hoyos, hoteles y 1.200 viviendas. Los planes para esta finca llegaron al Ayuntamiento de Benahavís casi coincidiendo con el estallido social del pueblo libio contra Muamar Gadafi.

El conflicto paró el proyecto, pero desde el momento en que se levantaron las restricciones que pesaban sobre los activos libios en el extranjero se reactivó. A finales de enero de 2012 el Libyan Foreign Bank solicitó a la Junta de Andalucía que se declarara de interés turístico, porque esta es la única vía que tienen para sortear las restricciones que impone el plan de ordenación territorial de Andalucía (POTA).

Los cambios en la Consejería de Fomento que se produjeron tras las elecciones autonómicas de marzo de 2012 sumados también a los cambios operados en el Libyan Foreign Bank han frenado el ritmo del proyecto al menos por el momento, aunque las fuentes consultadas precisan que en ningún caso se han descartado.