Los desajustes y las decisiones judiciales en materia de expropiación siguen costando y mucho a las arcas municipales. Un suelo adquirido por la vía forzosa por el Ayuntamiento de Málaga a finales de la década de los 80 para la construcción de la ronda este va a costarle al Consistorio 89 veces más de lo que inicialmente había previsto. Si los técnicos de la Gerencia de Urbanismo tasaron la compra de esta parcela en casi 46.760 euros, el Tribunal Supremo elevó la compensación económica a los privados a 1.738.544,17 euros, a los que sumar otros 2.445.697 euros en concepto de intereses de demora acumulados desde 1989. Es decir, que la cuantía de la operación supone 89 veces más de lo estimado en un principio.

Aunque la sentencia del Supremo data de mayo de 2013, no es hasta ahora cuando el Consejo de Administración de la Gerencia de Urbanismo va a dar luz verde a las últimas aportaciones con las que sufragar la asunción de esta parcela. En este sentido, el acuerdo que se debatirá mañana en el organismo hace alusión a la necesidad de disponer casi 1,1 millones de euros con el que compensar a los expropiados, de los cuales 410.691 euros se corresponden con el incremento del justiprecio fijado por la sentencia del Supremo; otros 684.337 euros en concepto de intereses de demora, y 2.475,41 euros por los intereses de demora imputables al Jurado Provincial de Expropiaciones.

Este último caso viene a sumarse a otros muchas desviaciones en los costes de expropiaciones ocurridos en los últimos años, en los que el Ayuntamiento se ha topado con decisiones judiciales ciertamente lesivas para sus intereses. El ejemplo más palmario es el de los suelos del colegio El Monte, en las proximidades de Gibralfaro, donde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) fijó el valor de la parcela a enajenar en 34 millones, frente a los 3,6 señalados por Urbanismo. Ante este revés, el Ayuntamiento recurrió al Supremo.

No obstante, no todas las sentencias son desfavorables al Ayuntamiento. En el caso de la expropiación de unos terrenos propiedad del propietario de Aifos, Jesús Casado, y situados en la Cañada de los Ingleses, la determinación judicial es más próxima a la tesis municipal. Según la sentencia, de julio de 2013, el TSJA tasó en 923.133,98 euros el valor de la finca, muy lejos de los 21,3 millones que pedían los privados y de los 2,6 millones fijados por la Comisión Provincial de Valoraciones. A pesar de ello, Urbanismo acuerda mañana abonar 94.905 euros a los expropiados por los intereses de demora acumulados.

De otro lado, el Consejo de Urbanismo aprobará la operación de compra de 55 fincas situadas en un edificio residencial medianero y en esquina con frente a las calles Segismundo Moret, Venegas y la calle Gazules. El propósito municipal es el de destinar este espacio a un centro social en el distrito Bailén-Miraflores. De acuerdo con los datos oficiales, la compra de estas fincas supondrán un coste de 314.375 euros.

Asimismo, sale adelante el acuerdo para que la Gerencia de Urbanismo recepcione las obras de urbanización de la zona residencial de Intelhorce, proyecto impulsado en 2004 por la promotora Arenal 2001. La determinación se produce después de que el ente municipal tuviese que asumir la terminación de esta fase, costeándola con la cantidad aportada por la empresa en concepto de garantías. De acuerdo con los datos incorporados al expediente, la promotora venía incumpliendo las exigencias emitidas desde Urbanismo para la adecuada terminación de la urbanización desde 2010.

De otro lado, mañana será objeto de debate la reestructuración de la Gerencia de Urbanismo anunciada por el equipo de gobierno del PP, la primera de profundidad desde el año 2001. Los efectos de la medida se dejarán notar en la supresión de uno de los seis departamentos de los que hasta ahora estaba dotado el ente, el de Proyectos y Obras, que se integra con el de Arquitectura. El Ejecutivo local justifica la maniobra en la necesidad de "optimizar recursos" y en mejorar los servicios "con un menor coste".