El Ayuntamiento de Málaga se ha propuesto sacar adelante el proyecto de rehabilitación del entorno del antiguo balneario de los Baños del Carmen de la capital hasta el punto de que si los actuales concesionarios privados no aceptan las condiciones planteadas por la Demarcación de Costas, estaría dispuesto a asumir la concesión del restaurante durante 30 años y a pagar por adelantado el canon fijado por la ocupación del dominio público marítimo-terrestre.

Si este escenario se plantea finalmente, y el organismo dependiente del Ministerio de Medio Ambiente inicia el rescate de la actual concesión a las empresas Vera y Acha, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, lo tiene claro. "Costas tiene que ver si sale de una manera u otra, pero si no sale con los concesionarios, tiene el apoyo municipal para ponerlo en marcha", aseguró ayer a los periodistas.

Esta alternativa se plantea ante la falta de acuerdo con los privados sobre la exigencia de Costas de tener que pagar por anticipado la cantidad correspondiente al canon por la concesión para los siguientes 30 años de vigencia que tendría la nueva autorización. La cantidad calculada por la entidad estatal impuesta a Vera y Acha no ha trascendido de forma oficial pero en su momento se cifró entre 2 y 2,5 millones de euros, dinero con el que Costas pretende acometer parte de la obra marítima prevista en el entorno en los Baños del Carmen y que fue estimada en unos 5,5 millones de euros en total.

Esos alrededor de 2 millones de euros sería lo que tendría que adelantar el Ayuntamiento de Málaga en el caso de que la concesión de este establecimiento pase a sus manos, lo que el propio regidor malagueño confirmó al asegurar que "el esfuerzo nuestro pudiera estar compensado con la concesión de los espacios". Es decir, con la adjudicación de la explotación a un tercero.

De la Torre aseguró incluso que "hemos tenido alguna conversación con los responsables de Medio Ambiente en Madrid en la línea de que esa hipótesis se pudiera ver". El objetivo del Ayuntamiento malagueño, dijo, es "tener una postura de colaborar para que un espacio tan hermoso conserve sus atractivos ambientales y la ciudad lo recupere para uso público".

Pero antes de llegar a ese punto, De la Torre señaló que primero habría que determinar "la reducción de costo en lo más posible y que el Ayuntamiento vaya en la parte de tierra y Costas en la de mar, con los espigones sumergidos, para garantizar la estabilidad de las playas".

Sin embargo, este asunto se ha convertido en la pescadilla que se muerde la cola y hasta que no haya respuesta en firme de los concesionarios sobre la aceptación o no de las exigencias impuestas por Costas tampoco ninguna de las dos administraciones parece dispuesta a concretar qué actuaciones se llevarán a cabo para rehabilitar este emblemático espacio.

En lo que sí coinciden ambas administraciones es en que se debe abaratar el diseño del proyecto contemplado en el plan especial de adecuación aprobado en 2010 y que fue valorado en unos 13 millones de euros. La intención ahora es que en total no pase de los 8 millones de euros.

Sin embargo, ni Vera ni Acha se han pronunciado aún públicamente sobre la propuesta de Costas, si bien fuentes cercanas a las empresas confirmaron a este periódico que a día de hoy no están por la labor de asumir ese pago por adelantado porque no le salen las cuentas.

De ser así, es la misma postura que mantienen desde el principio de las negociación que empezó hace más de un año cuando ambos concesionarios presentaron un proyecto alternativo a la rehabilitación de este entorno diseñado por el arquitecto Salvador Moreno Peralta.

Aún así, las mercantiles se comprometieron en la última reunión mantenida hace escasas semanas con el organismo dependiente del Ministerio de Medio Ambiente a volver a estudiar las cifras. A su vez, la Demarcación de Costas también pretende darle una nueva vuelta a la estimación realizada sobre el pago del canon de los próximos 30 años. El problema, advirtieron las fuentes, es "el escaso margen de maniobra porque la legislación obliga a cobrar unas cantidades por la ocupación del dominio público marítimo-terrestre y hay que regirse a ellas". Máxime, cuando el actual canon que pagan los concesionarios del balneario por su uso no se ha actualizado desde 1918.

En el caso de que Costas decida iniciar el rescate de la concesión para la explotación del restaurante del antiguo balneario, que caduca en 2018, el problema es que el proceso administrativo podría prolongarse durante varios años.