La aplicación de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración local va a obligar al Ayuntamiento de Málaga a rebajar de 25 a 22 los concejales con exclusividad y de 45 a 34 los cargos eventuales de los que dispone el Consistorio. La medida se dejará ver desde el 1 de mayo especialmente en los grupos de la oposición, que verán reducido el número de ediles con dedicación plena de los nueve actuales a seis. El reparto decidido por el alcalde, Francisco de la Torre, y comunicado ayer a los portavoces del PSOE e IU, no afecta a la del PP.

La norma estatal, en vigor desde el pasado mes de enero, limita el carácter exclusivo de los integrantes de la Corporación municipal a 22, de un total de 31. Los mismos pasarán a estar repartidos en 16 del Partido Popular, los mismos que ya tenía, dado que hay otros tres ediles que sólo tienen dedicación parcial (Elías Bendodo, Carlos Conde y Francisco de la Torre); cinco del PSOE, dos menos (a estos se suma Francisco Conejo, que dispone de exclusividad pero por la Diputación), y uno de Izquierda Unida, que antes tenía dos (Toni Morillas tiene exclusividad en la Diputación).

Desde el punto de vista económico, la supresión de estas tres exclusividades, a la espera de conocer a quien afecta, supondrá un ahorro de al menos 100.000 euros anuales. El salario de un concejal en la oposición sin tareas de portavocía o portavocía adjunta asciende a 45.200 euros brutos; al quedarse con una dedicación parcial, el salario será de 11.008 euros, por asistencia a Pleno. Los efectos de la reforma local se deja sentir, igualmente, en los cargos eventuales. Desde el 1 de mayo este capítulo de personal pasará de 45 a 34 trabajadores. La ley limita a los municipios de más de 500.000 habitantes este personal, que no puede exceder el 0,7% del número total de puestos de trabajo de la plantilla.

Utilizando un criterio de proporcionalidad en función de la representación obtenida por cada partido en las elecciones municipales de 2011, la reducción afectará al personal de los grupos políticos. En el caso del PP, la previsión es que a pesar de que le corresponderían cinco técnicos el número se quede en cuatro. No obstante, una fuente próxima al equipo de gobierno indicó que la idea es que de cuatro se pase a tres. En el caso del PSOE, que hasta ahora ha contado con tres técnicos (tras la reciente amortización del cuarto puesto), pasará a dos, e IU, hasta ahora con cuatro técnicos, pasará a uno.

En la parte del Ejecutivo local, ayer se informó de la desaparición de una dirección técnica de Alcaldía. La misma es ocupada desde septiembre del año pasado por Miguel de Nova, funcionario de la Agencia Tributaria que en los ocho años anteriores había desempeñado el cargo de secretario general de la Delegación en Málaga de este organismo estatal y que fue fichado por el alcalde. Pero De Nova no deja la Casona del Parque, dado que va a ser recolocado como director general, previsiblemente también vinculado a la Alcaldía.

A ello se añade la supresión del cargo de director técnico de Ingresos, tarea desempeñada por el gerente de Gestrisam, Juan Manuel Ruiz Galdón. Por ello percibe un complemento de 19.971 euros, a sumar a los 76.315 euros como responsable de Gestrisam. También se "amortizará" la dirección técnica de Accesibilidad, ocupada por Juan Manuel García Piñero, quien, según fuentes municipales, seguirá trabajando como funcionario. El sueldo que percibe por este cometido es de 42.000 euros. Y se eliminarán dos asesores, uno de ellos del grupo popular. El otro, precisaron las fuentes, pasa por la destitución de la actual gerente de Más Cerca, que se mantendrá como funcionaria del organismo, cuyo cargo, previsiblemente, será asumido por Carmen Criado.

Según el equipo de gobierno, las medidas no pueden posponerse al 30 de junio de 2015, excepción marcada por la ley para los ayuntamientos que cumplan los objetivos de estabilidad y deuda. Sin embargo, el portavoz de IU, Eduardo Zorrilla, tomando como base el informe de Intervención, estimó que hubiese sido posible acogerse a esa ampliación temporal. Por ello, consideró que se adopta la limitación "por voluntad política, en un intento por afectar la labor de oposición a un año de las elecciones".