El personal docente malagueño tiene desde ayer mayor autoridad y presencia en los centros. Profesores y maestros lo venían reclamando desde hace tiempo y ahora un juez les ha dado la razón a través de la primera sentencia dictada en Málaga que sitúa a los funcionarios de Educación, como autoridad pública, y a las agresiones perpetradas contra ellos, como atentado. El fallo judicial equipara la figura del maestro a la de las fuerzas de seguridad del Estado con penas que oscilan entre uno y tres años de prisión.

La sentencia ha sido dictada por el Juzgado de lo Penal número 2 de Málaga, que ha condenado a Juan Manuel G. M. a un año de prisión como responsable de un delito de atentado, así como al pago de una multa por una falta de lesiones al agredir y amenazar a un profesor de su hijo.

Los hechos ocurrieron en junio del año pasado en el colegio público Los Campanales, ubicado en Las Lagunas de Mijas Costa. Acababa de terminar la fiesta de fin de curso cuando el acusado se dirigió al profesor L. E. G. y, en presencia de otros padres y profesores, le dijo que "era un cabrón y un hijo de puta, lo cogió de la cintura y lo zarandeó al tiempo que le decía de forma reiterada: Te vas a enterar cuando te coja en la calle", según recoge la sentencia en su apartado de hechos probados.

El profesor resultó herido con varios hematomas en la parte abdominal y tardó hasta tres días en curarse.

El padre del alumno, de 35 años de edad, tiene antecedentes penales por lo que probablemente tendrá que cumplir la condena en la cárcel (eludible en muchos casos si la pena es inferior a dos años para las personas sin antecedentes).

El fallo judicial marca un antes y un después, al introducir las penas de cárcel por este concepto.

El juez deja claro en sus fundamentos de derecho que "el tipo penal no se refiere únicamente a los funcionarios agentes de las fuerzas del orden público, sino que desde hace varios años se ha comprendido dentro de este ilícito penal a todos aquellos profesionales, en especial funcionarios, dentro de la enseñanza, sanidad y servicios sociales públicos, siempre que se hallen ejerciendo una función pública y conociendo el agresor esta circunstancia".

El juez también insiste en "la necesidad de protección penal en el ejercicio de las funciones públicas esenciales" y cita sentencias dictadas en este sentido en Barcelona, Murcia, Cádiz, Córdoba o Cuenca. Y, ahora por primera vez, en Málaga.

El padre es condenado por una falta de lesiones y deberá pagar una multa de 1.200 euros, así como indemnizar al profesor con 120 euros. El juez entiende que "se originó un desagradable incidente al abordar de manera incorrecta al profesor de su hijo (...) insultándolo y emplazándolo a una actuación lesiva mayor cuando estuviera en la calle, agarrándole del abdomen y zarandeándolo".

Las agresiones y amenazas al personal docente por parte de los familiares de los alumnos se han disparado en los últimos años, con una preocupación creciente entre la comunidad educativa. Sólo el sindicato AMPE siguió el año pasado 10 juicios de faltas por intimidaciones al personal docente.

Este mismo curso, dos padres han sido condenados al pago de una multa por amenazar a los directores del colegio de sus hijos en el Virgen de Belén y otro centro escolar de La Palmilla.

Pero las agresiones ya han dejado de ser consideradas como faltas. Esto ocurrió en el caso del director del instituto Torre del Prado de Campanillas, Antonio Escámez, que se tramitará por la vía penal y terminará en una pena por atentado.

Ahora, las agresiones a profesores podrán conllevar penas de cárcel: los padres se lo pensarán dos veces.