El número de cuidadores de personas dependientes no profesionales -normalmente familiares- afiliados a la Seguridad Social prácticamente ha desaparecido en apenas tres años. A finales de 2011 se contabilizaban en la provincia de Málaga un total de 10.022. En febrero de este año solo quedan 700, un 93% menos, según los datos publicados ayer en el Boletín Oficial del Congreso de los Diputados. La tendencia es general en todo el país. En Cádiz, por ejemplo, se ha pasado de casi 11.000 afiliados a poco más de 300, y en Madrid de 6.500 a menos de 900.

Les dieron un regalo en 2007 como compensación a su esfuerzo, dedicación y humanidad y en 2012 se lo quitaron. Una de las ventajas de la ley de dependencia que aprobó el gobierno de Zapatero en 2007 era que los cuidadores no profesionales que fueran reconocidos como tal eran dados de alta de manera automática por la Seguridad Social y el Gobierno se hacía cargo del coste, por lo que al cuidador le salía gratis. Era una forma de animar a estos familiares que tienen una gran carga encima y reconocer, en cierta forma, que lo que hacen también se podía considerar un trabajo.

Llegó la crisis económica, los recortes y esta medida, amparada en el Real Decreto 615/2007, se frenó en seco con la entrada en vigor del Real Decreto Ley 20/2012. En ese texto se señalaba que el convenio especial de cuidadores no profesionales se extinguiría el 31 de agosto de 2012. Si alguien quería seguir dado de alta, desde septiembre hasta diciembre de aquel año la Seguridad Social aplicaba una reducción del 10% de la cuota, el Estado pagaba un 5% y el cuidador (familiar) tenía que pagar el 85% restante. Eso provocó que, a finales de 2012, se redujera diez veces el número de afiliados en Málaga hasta superar ligeramente el millar. Desde el 1 de enero de 2013 ya no había ningún tipo de bonificación y el cuidador tenía que pagar la totalidad de la cuota a la Seguridad Social, lo que provocó otro descenso hasta los 700 actuales.

Estar dado de alta le da derecho al cuidador no profesional a prestación por jubilación, incapacidad permanente o a dejar algo a los familiares en caso de muerte. Puede resultar atractivo, máxime si se tiene en cuenta que muchos de estos cuidadores tienen una dedicación casi exclusiva a su familiar dependiente y no poseen otro trabajo. No obstante, precisamente por eso, se les hace muy difícil pagar cada mes la cuota a la Seguridad Social y a eso hay que añadirle que las ayudas económicas a los dependientes son lentas y escasas, por lo que no le salen las cuentas.

La aplicación de la Ley de Dependencia está haciendo aguas por la falta de dinero. Lo denuncian los afectados, las asociaciones y lo reconocen hasta los propios políticos. "Desde que empezó la crisis la ley de dependencia se ha ralentizado mucho y ya no ha vuelto a ser lo que era antes. La valoración de las personas dependientes sigue siendo muy lenta y se hace con cuentagotas", asegura Paloma Ramos, presidenta de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Málaga.

Esta asociación tiene un centro de día en el Camino de los Almendrales que, según Ramos, "lo tenemos ahora repleto con 107 enfermos". De esas personas, solo 29 están recibiendo ayudas públicas y el resto se lo tiene que pagar de su bolsillo. "La enfermedad sigue y muchos no pueden pagar estar aquí. Hay personas que meten a sus familiares enfermos solo en los talleres porque son más baratos a la espera de ver si le dan alguna ayuda por la dependencia", añade.

En la misma línea está Lina Martos, presidenta de la Asociación de Parkinson de Málaga. "Sigue todo igual y no hay ayudas. Los familiares se apañan como pueden y, como asociación, recibimos el año pasado 1.500 euros de la Junta de Andalucía, un dinero que ni siquiera cubre los gastos, por lo que tenemos que organizar festivales, comidas, etcétera para poder atender a los 30 pacientes que vienen", explica.