Málaga Acoge trabaja desde hace dos décadas por la promoción de los inmigrantes. Su cometido es conseguir que se reconozca a este colectivo como un elemento más de la realidad de un país en el que la inmigración sigue creciendo. Su director, Alejandro Cortina, repasa los obstáculos que los usuarios deben sortear para lograr un hueco en la sociedad.

-¿Cómo ha evolucionado la situación de los inmigrantes desde que naciera Málaga Acoge?

-Paralelamente a la realidad y necesidades de los inmigrantes. Si en los años 90 nos centrábamos en aspectos de acogida y atención a necesidades de los recién llegados, actualmente trabajamos por reconocer la integración. Por ejemplo, en escuelas para que el progreso de los menores inmigrantes sea positivo. Después de 25 años, la inmigración ya no es algo nuevo, sino que forma parte de un elemento estructural de nuestra sociedad.

-Sin embargo, todavía quedan retos pendientes.

-El reto es que el inmigrante sea uno más en cuanto a derechos y deberes. La responsabilidad no es tanto de la sociedad como de los políticos. La visión que estos han tenido de la inmigración ha sido muy utiliratista y eso no favorece la integración de estas personas ni la cohesión social.

-¿La crisis ha afectado a la llegada de inmigrantes a Málaga?

-No nos atrevemos decir si llegan más o menos, lo que es evidente es que la crisis incide más en los colectivos en riesgo de exclusión, con el handicap de que cuando pierden la autorización de residencia el paso atrás es una caída en picado.

-¿Se ven entonces obligados a regresar a su país de origen?

-No hay un comportamiento único. Efectivamente, hay inmigrantes que después de años han vuelto, pero no son todos. Depende de si tienen menores aquí o de las posibilidades que vean de futuro y que su lucha diaria vaya consiguiendo pequeños resultados.

-¿Han detectado abusos laborales hacia este colectivo?

-Estamos tratando no solo de detectarlos sino también de identificarlos. Se vuelven a ver en portales públicos ofertas de empleo con condiciones infrahumanas. Denunciamos estos casos al Servicio Andaluz de Empleo (SAE) para que las retiren. Hay abusos, como en el resto del mercado.

-¿Y este fenómeno siempre se ha dado o se ha recrudecido con la situación económica?

-La crisis influye por cuanto hace a las personas vulnerables, lo que provoca que tengan menos posibilidades de negociación. Si antes una oferta de trabajo doméstico tenía unas condiciones que muchos no aceptaban, ahora sí. Seguimos manteniendo que tienen que cumplir unos mínimos legales.

-Con todo esto, se habrá incrementado la carga de trabajo en entidades como la que dirige.

-Lo que se produce es que las situaciones que tienen los usuarios de nuestros programas sean más complicadas. Falta de empleo, problemas para el mantenimiento de la vivienda... Todo se complejiza, se hace mucho más difícil y hace que sus horizontes se reduzcan.

-¿Las dificultades económicas han despertado sentimientos racistas en la sociedad?

-El racismo está presente a varios niveles. Hay un racismo difuso, que es el común de los vecinos que ponen problemas, por ejemplo, al aceptar un candidato de un determinado perfil para hacer incluso unas prácticas laborales. Ese racismo cotidiano existe y nos preocupa que pueda ir en aumento. También existe un racismo institucional por parte de los responsables públicos, que retroalimenta el racismo cotidiano. Cuando permitimos que la cohesión y que la solidaridad se erosinen, perdemos todos.

-A veces se cree que los inmigrantes restan posibilidades laborales a los españoles.

-Un inmigrante no accede antes que un español a un puesto laboral, sino que un empresario elige un determinado perfil para ocupar un puesto. A los inmigrantes en este país no se les regala nada; tienen que pelearlo en su día a día. Igualmente, acceden a las ayudas como cualquier otro ciudadano. Son mitos o rumores que vemos con preocupación y que, en muchos casos, están alimentadas por nuestros responsables políticos. Ejemplo de ello es la reforma del sistema sanitario acometida por el Gobierno central, que no dio detalles sobre cuáles eran las ventajas de eliminar la tarjeta sanitaria a inmigrantes en situación irregular. No las dio en su momento ni tampoco dos años después. Tampoco sabemos cuánto se ahorró el Gobierno. En la práctica, todo indica que no ha sido ni un euro. Esas medidas tenían un objetivo claro: señalar a los inmigrantes.

-¿Qué debería hacerse?

-Una de las cosas buenas que tenía este país era el esfuerzo de todos los ciudadanos que contribuyen al sistema sanitario. No podemos perder derechos. Cuando los pierde un pensionista o un inmigrante, los perdemos todos. Se empezó quitando la tarjeta sanitaria a los inmigrantes y se ha terminado haciéndolo a los españoles que se van fuera. Es una barbaridad.

-¿Qué piensa de los saltos a la valla de Melilla?

-No está habiendo ni más ni menos que en épocas anteriores. Es una pena el dinero gastado entre 2012 y 2014, cuando el Gobierno español con fondo europeos ha invertido cientos de millones, que por lo visto no valen para nada. Alrededor de la valla o el muro hay todo un complejo de industrias tecnologícas, muchas de las cuales son de españoles que ofrecieron mucho dinero por mantener algo que no funciona. Igual hay que pensar un enfoque de gestión de las migraciones centrado en los derechos humanos. Estamos expulsando ilegalmente a presuntos solicitantes de asilo pero no somos capaces de echar a presuntos imputados por corrupción. Hemos perdido el norte. Habría que crear un sistema que garantice los derechos de los inmigrantes.

-En el caso de Melilla, además, las concertinas no están impidiendo su entrada.

-España se ha gastado muchos millones de euros en todas las políticas fronterizas migratorias y la única conclusión es que cada vez hay más muertos y sufrimiento. Sólo han generado que los viajes de los inmigrantes se hagan en peores condiciones y con más riesgos para sus vidas. ¿No se podía haber evitado lo que ocurrió en Lampedusa o en Libia?

-Mariano Rajoy afirmaba en una entrevista reciente que la frontera no puede abrirse para la entrada indefinida de inmigrantes, ¿pero no deberían impulsar medidas alternativas?

-España tiene fronteras abiertas con la Unión Europea y no se ha ido la mitad de España a Europa. Nadie es capaz de plantearse una situación hipotética de fronteras abiertas. Sin llegar a esos extremos, tiene que haber otro sistema que facilite los movimientos migratorios en unas condiciones de respeto de los derechos humanos. Se puede llegar a acuerdos con países como Marruecos para facilitar migraciones circulares, de ida y vuelta y que la gente apoye su vida tanto en un sitio como en otro.

-¿Se está cumpliendo la asistencia sanitaria gratuita a los sin papeles que prometió Andalucía?

-Cuando se aprobó el Real Decreto por parte del Gobierno que suponía la salida de inmigrantes irregulares de la asistencia sanitaria, Andalucía se comprometió a mantenerlo. Durante seis o siete meses, algunas entidades detectamos casos en que esto no se estaba cumpliendo. En junio de 2013, la Consejería de Salud publicó instrucciones que recogían el derecho a la asistencia sanitaria a este colectivo y desde entonces se cumple. Cuando vemos que no es así, avisamos a la administración autonómica y, generalmente, se resuelve. No son frecuentes los casos.

-¿Eso ha ayudado de alguna forma a solventar los problemas?

-La salud es un derecho básico y en muchos casos la puerta de entrada para otros servicios.

-En qué situación quedan los menores bajo tutela de la junta cuando alcanzan la mayoría de edad?

-Esa es también otra de nuestras preocupaciones. Sólo unos pocos consiguen acceder a los escasos recursos de continuación que existe. La mayoría se queda de patitas en la calle. En muchos casos, además, durante el periodo de tutela no se regulariza a estos menores. Después de pasar dos o tres años en un centro público, salen sin recursos. A partir de ahí empieza una auténtica lucha de titantes por salir adelante y muchos acaban en centros de personas sin hogar. Son jóvenes de 18 ó 20 años. Los que tienen suerte y voluntad consiguen apoyos y salen adelante, aunque habrán pasado años.

-¿Son muchos los casos en que quedan desprotegidos?

-No debería haber ninguno. La administración andaluza ha tutelado a menores por carecer de redes familiares y es responsable de que cuando estos alcancen la mayoría de edad cuenten con todos los medios para saber desenvolverse. Paradójicamente, hay recortes en recursos de atención a este colectivo. Los jóvenes son una de las prioridades de nuestras políticas sociales, pero se recortan los fondos para los más vulnerables.

-¿También se están reduciendo las ayudas a las ONG?

-Las ayudas al tejido social se han recortado de forma brutal en los últimos años. Es contradictorio con la situación porque hasta ahora las administraciones, a través de sus servicios sociales, y de forma complementaria con las entidades, contribuían a mejorar la cohesión social. Aplicando tijeras no se resuelve nada.

-Por ende, serán frecuentes los retrasos en los pagos de las subvenciones

-Ha habido en años anteriores por parte de la Junta y en las convocatorias. Hay incertidumbre. Desde la administración central se está hablando de una nueva ley de subvenciones que es como poner una soga alrededor del tejido social. Son entidades pequeñas y medianas que están a pie de calle. Parece que se quiere acabar con cualquier tipo de alternativa ciudadana que intente dar respuesta.

-¿Y en el caso de las ayudas de particulares?

-Si bien las donaciones económicas se han podido reducir, lo que se ha incrementado ha sido la conciencia solidaria. Gente que llama para ofrecer su tiempo, equipamientos para niños o iniciativas que se montan a pie de calle para ayudar a los vecinos. Eso lo que está compensando la situación.

-¿Cómo está la situación en los centros de internamiento de extranjeros?

-Se mantiene un CIES en Algeciras con peores condiciones que el que que tenía el de Málaga. Hay que cerrar los 8 centros de internamiento que existen y, por supuesto, no abrir ningún otro más. Los CIES no solucionan los problemas de vulneración de derechos. Son sino un elemento para generar miedo.

-¿Qué actuaciones reivindicaría para Málaga?

-Me preocupa que haya personas sin hogar. Pediría un parque público de viviendas. Es un derecho fundamental que no está garantizado.

-¿Qué le parece que a estas alturas aún no haya entrado en funcionamiento el Metro?

-Esta ciudad necesitaría una red de transporte público no centralizada, sino radiales, de forma que pudiera conectar distintas zonas sin pasar por el centro. Hay que apostar por un plan de movilidad coherente y no a base de parches y por carriles bici que llegue lejos y no pisen las aceras, sino que garanticen la seguridad de los ciclistas.

-¿Qué opina sobre las presuntas irregularidades de la Cónsula?

-Cuando se gestionan fondos públicos debe hacerse con escrupulosidad. Si ha habido irregularidades, que los responsables paguen lo que les corresponde.

-¿Le parece bien que el edificio del Cubo del puerto sea futura sede del Centro Pompidou?

-Habrá que ver lo que hay dentro del Cubo. Llevo aquí siete años y me han contado que había una buena colección de arte para el futuro Museo de la Aduana pero aún no he tenido la oportunidad de verlo. Deberíamos cerrar capítulos antes de abrir otros; apostar por acercar la cultura a los ciudadanos y no hacer cultura para el turismo.