Las canteras de Alhaurín de la Torre seguirán abiertas y trabajando a toda máquina. Un auto del Tribunal Constitucional (TC) acaba de asestar un duro golpe a los grupos ecologistas y vecinales del municipio que vienen litigando por su cierre desde hace años y que ya contaban con dos resoluciones judiciales a su favor.

El TC ha suspendido la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que, en octubre de 2005, decretaba el cierre de cuatro instalaciones de extracción de áridos del municipio, ratificando otro fallo judicial en este sentido del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de Málaga.

El auto judicial del TC, al que tuvo acceso este periódico, pone el acento en la masiva destrucción de empleo que implicaría el cierre de las canteras. En el texto recoge que la explotación de la sociedad demandante "emplea directamente a 139 trabajadores, pudiendo resultar indirectamente afectadas otras 450 personas más, trabajadores de las 13 plantas destinatarias del hormigón producido o de las plantas de prefabricados o aglomerado (...) poniendo de manifiesto el importante coste social que ocasionaría la pérdida de puestos de trabajo directos e indirectos".

Tras la sentencia dictada por el TSJA a favor del cierre de las empresas extractivas, éstas recurrieron en demanda de amparo ante el Tribunal Constitucional que ahora entiende que la suspensión de su actividad económica puede "causar al solicitante de amparo un perjuicio irreparable en los derechos fundamentales invocados en el proceso constitucional".

En la demanda de amparo se denunciaba la vulneración de los derechos fundamentales por "la inexistencia de fases de proposición y práctica de prueba (...) para acreditar la existencia de las distintas licencias de apertura".

Las primeras denuncias formuladas por IU, junto con grupos ecologistas y vecinales se agarraban, precisamente, a la falta de licencia de apertura de las empresas, al tiempo que se quejaban de los problemas medioambientales y de salud que generaban en el municipio.

Las empresas de áridos que ahora se benefician de la decisión judicial son Cantera Sánchez Domínguez SA, que llevó la demanda de amparo ante el Constitucional, Compañía General de Canteras Bernardo Caballero Quero, Nicanor Retamero SA y la Asociación de Empresas Extractivas de Málaga.