Los recortes en la sanidad pública han motivado en los últimos años innumerables protestas de sus trabajadores. Pero la tijera va más allá del sistema público. Para cumplir los objetivos de contención del déficit, la Administración sanitaria autonómica viene aplicando reducciones de precios y conciertos que dejan contra las cuerdas a muchas clínicas y profesionales que tenían al Servicio Andaluz de Salud (SAS) como su principal cliente.

La lista es larga. Los ejemplos más recientes son el recorte del 5% en el acuerdo del SAS con el Hospital Pascual, la reducción del 10% en los precios que abona a las ortopedias o la finalización de los conciertos con el Hospital CHIP y la Clínica El Pilar. Son algunos de los damnificados de la tijera en el sector sanitario privado.

El viernes pasado entró en vigor la orden de la Consejería de Salud por la que de forma unilateral dispone un recorte lineal del 10% en las tarifas del catálogo de ortopedia que incluye desde una tobillera hasta una pierna artificial. "Esta medida nos deja al borde de la supervivencia", apunta Concepción Rico, vocal de la Asociación de Empresas de Ortopedia Técnica de Andalucía (Asoan), quien además recuerda que las tarifas llevaban sin actualizarse casi una década, desde 2005. Los ortopedas de toda la comunidad autónoma se manifestaron el martes en Sevilla para mostrar su rechazo a la orden de la Consejería que, aseguran, deja el precios de algunos productos por debajo del coste. Tras la movilización, la Administración sanitaria ha reabierto el diálogo, pero de momento el recorte sigue en vigor.

La Consejería de Salud justifica su medida: "Como consecuencia de la contención del déficit público impuesta por el Gobierno central", la Administración sanitaria se ha visto "obligada por imperativo legal a realizar ajustes en los contratos que mantiene con las empresas proveedoras, entre las que están las ortopedias".

En el caso del Hospital Pascual, tras numerosas protestas de sus trabajadores, la Consejería de Salud dispuso prorrogar por un año el concierto con el grupo en toda Andalucía. La ampliación se prolonga hasta el próximo mes de marzo. Pero la prórroga se hizo con un recorte del 5%. José María Manzano, presidente del comité intercentros del Hospital Pascual, estima que este tijeretazo ha supuesto la pérdida de unos 30 puestos de trabajo en este centro sanitario en Málaga por no renovaciones de contratos. "En la privada, [Salud] recorta más aún que en la pública porque es más fácil recortar en conciertos que en personal propio. A Pascual le han recortado el concierto, pero hay otras empresas que directamente se han quedado sin concierto", sostiene. En su día, la Administración sanitaria argumentó que así como los centros públicos habían sufrido los recortes derivados de las medidas de contención del déficit impuestas por el Gobierno central, también los centros privados tenían que encajar medidas de ese tipo.

Entre los que hasta han llegado a quedarse sin concierto están el Hospital CHIP y la Clínica El Pilar. El gerente del Complejo Hospitalario Integral Privado (CHIP), Jesús Burgos, recuerda que de los tres millones concertados que tenían cada uno de estos dos centros en 2009 se ha pasado a "cero" en 2014. "El concierto que teníamos desapareció", resumió el gerente de CHIP.

El hospital ha tenido que modificar su plan de negocio y reorientarlo hacia la búsqueda de otros clientes. De hecho, CHIP forma parte del cluster Tourism & Health Spain que trata de canalizar el turismo sanitario de otros países hacia las clínicas privadas de la provincia de Málaga.

El SAS ha cambiado el modelo de contratación. Del concierto tradicional ha pasado ahora al concurso, en el que los centros sanitarios privados compiten por ser los adjudicatarios de lotes asistenciales que pueden ser ecografías u operaciones traumatológicas, por ejemplo.

Para Burgos, el sistema anterior garantizaba más estabilidad para las empresas que el modelo de concursos que empieza a implantarse en el Servicio Andaluz de Salud (SAS) para la contratación de prestaciones con la sanidad privada, de la que el sistema público siempre ha echado mano para completar su oferta asistencial y reducir las listas de espera.