La madeja con la que la Gerencia de Urbanismo pretende desarrollar la adecuación del Cubo como futura sede del Centro Pompidou se enmaraña aún más. Frente a la defensa que ayer realizó el alcalde, Francisco de la Torre, sobre el procedimiento seguido, avalando el que se haya iniciado la obra sin que el inmueble esté en manos municipales, varios juristas consultados por este periódico concluyen que tal actuación puede suponer "una irregularidad" e incluso "una ilegalidad palpable". No obstante, desde Urbanismo se remitió ayer a un informe elaborado por Patrimonio en el que se defiende la ocupación del inmueble para llevar a cabo las obras. Ese mismo documento puntualiza que para la gestión del espacio cultural se precisa que la Autoridad Portuaria otorgue al Ayuntamiento la concesión admnistrativa.

Los expertos en la materia, que prefirieron guardar el anonimato, coincidieron en resaltar que de facto se está materializando una intervención, "con dinero público", sobre un inmueble que no ha sido aún puesto a disposición de la propia institución. "Es arriesgado; hay que cumplir la legalidad no por gusto; porque, qué pasa si finalmente el órgano competente no acuerda la concesión administrativa del inmueble", afirmó uno de los juristas, que incluso recordó que la Ley de Contratos del Sector Público obliga a que cualquier adjudicación de una obra de esta índole se realice con la garantía de que se tiene la posesión del bien afectado. Un extremo que no se cumple. "Es una condición sine qua non", apostilló.

Las observaciones de estos expertos coinciden con las reservas que la propia Gerencia de Urbanismo fijaba en el acuerdo mediante el que se dio luz verde, el pasado mes de mayo, al pliego de condiciones que rigió el concurso de esta obra, así como el impulso definitivo al trámite de contratación. De acuerdo con la documentación oficial, la sesión del consejo de administración del ente, que preside el propio De la Torre, condicionaba la adjudicación del proyecto a la puesta a disposición del inmueble por parte de la Autoridad Portuaria. Frente a esta observación y sin que la misma se haya cumplido, Urbanismo comunicó el pasado 22 de julio la contratación de las obras a la unión temporal de empresas (UTE) formada por Dragados y Naxfor, sin que el inmueble haya sido puesto a disposición del Ayuntamiento. La hoja de ruta formal trazada por el Consistorio y el Puerto en 2004, cuando se firmó el Plan Especial del Puerto, fijaba la futura cesión del edificio cultural, fijando en el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria la competencia para acordar la concesión administrativa mediante la que formalizar legalmente esta entrega.

Pero el órgano sigue sin pronunciarse. A pesar de ello, De la Torre aludió ayer a la supuesta "conformidad" tanto de Muelle Uno como del Puerto para poder empezar las obras. En esta línea, el pasado martes, el concejal de Ordenación del Territorio, Francisco Pomares, dijo disponer de la autorización de la promotora del centro comercial para intervenir. Sin embargo, un documento remitido por Muelle Uno a la Gerencia de Urbanismo el 27 de julio niega tal autorización.

Ante la petición realizada el 2 de julio pasado por el coordinador general de Urbanismo, José Cardador, pidiendo el citado permiso para ocupar el inmueble, la promotora dice no tener "inconveniente alguno en que el Ayuntamiento ocupe el mencionado centro cultural", para, areglón seguido, matizar: "No obstante lo anterior, también hemos de comunicarle que Muelle Uno-Puerto de Málaga no puede autorizar la ocupación pretendida por esta Corporación, en la medida en que el centro cultural mencionado es un bien de dominio público portuario estatal, cuya propiedad no corresponde a nuestra representada". De la Torre no hizo alusión ayer a este escrito. Lo que sí hizo es dar por formalizada la cesión al Ayuntamiento del edificio sobre la base de la adenda al protocolo de 2004 firmada el pasado mes de mayo con Plata. "Si queda algún trámite posterior es un tema anecdótico", llegó a decir el regidor, para el que lo importante es que existe el compromiso "hablado también desde la Gerencia de Urbanismo con el Puerto".

La adenda a la que alude el regidor multiplica, sin embargo, las dudas respecto al comportamiento municipal. El documento, más allá de la literalidad del acuerdo base, incluye una serie de condiciones que han de cumplirse antes de darse por "efectiva" la puesta a disposición del edificio. La primera es que el Ayuntamiento es el que debe solicitar a la Autoridad Portuaria la concesión administrativa para la ocupación de los espacios, solicitud que ha de ir acompañada del proyecto básico de las obras e instalaciones a ejecutar y de la memoria económico-financiera de la actividad a desarrollar.

A esta se añade otra, la tercera, que precisa: "tras la aceptación municipal expresa de las condiciones concesionales ofertadas por el director de la Autoridad Portuaria (…), el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria resolverá sobre el otorgamiento concesional por un plazo de 35 años". Al tiempo, el documento apostilla que la "efectiva" puesta a disposición del Ayuntamiento se realizará "una vez otorgada la concesión administrativa por el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria". Un paso que sigue sin producirse.