Los trabajadores sociales aportan datos para denunciar que los recortes están desmantelando la Ley de Dependencia. Y lo hacen con cifras oficiales, las del Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales. En Andalucía, el número de beneficiarios a junio de 2014 es de 214.582. Es decir, un 11,67% menos que en el mismo mes del año pasado, cuando había 242.925. Las estadísticas corresponden a toda la comunidad autónoma ya que el Ministerio no las desagrega por provincias, pero desde el Colegio Profesional de Trabajo Social se estima que la proporción en que se ha reducido el número de usuarios es extrapolable a Málaga.

El presidente de la entidad, Rafael Arredondo, reconoce que -tras más de un año paralizada-, en los "tres o cuatro" últimos meses se ha reactivado la aplicación de la ley, pero denuncia que siete años después de su promulgación, la implantación continúa siendo deficiente. "Sigue siendo un derecho subjetivo que no se cumple en todos los casos. Aunque la maquinaria se ha vuelto a poner en marcha, no sé si se van a recuperar las cifras de usuarios de 2012", dijo. Entonces, en junio de ese año, se llegó a la cifra más alta de beneficiarios en la comunidad autónoma: 269.816 dependientes. "La aplicación de la Ley de Dependencia es una cadena y se ha reactivado, pero la cadena sigue siendo deficiente siete años después de la entrada en vigor de la norma", insistió Arredondo.

Los trabajadores sociales estiman además que hay una bolsa de alrededor de 3.700 dependientes en la provincia que, tras haber solicitado acogerse a la ley, están pendientes de valorar. Estos profesionales desconocen el tiempo que pueden llevar esperando. En Andalucía, a junio de 2014 hay 382.172 solicitudes registradas para acogerse a la norma, lo que representa el 23% del total nacional, que es de 1.637.830 peticiones. De las solicitudes de la comunidad, 344.624 (el 90%) ya tienen su valoración. Otras 37.548 (el 10%) están pendientes.

Arredondo explica la reducción del número de beneficiarios en que el año pasado prácticamente no había reposición de nuevos usuarios, salvo los casos de emergencia social. "En 2013, la ley estuvo paralizada. Había usuarios que podían fallecer, pero no se incorporaban nuevas personas al sistema. No se cubría la tasa de reposición", indicó. Es decir, que ni siquiera se cubrían los fallecimientos de usuarios de las distintas prestaciones.

El presidente de la entidad dice que la culpa de los recortes en dependencia va "en cascada" entre la Administración central y la autonómica. "Las prioridades del Gobierno central de ahora no son las del anterior [de Zapatero]," afirma, pero no exonera a la Junta de Andalucía al señalar que gobernar supone establecer prioridades presupuestarias. Y entre la crisis y las prioridades políticas, en la comunidad autónoma a junio de 2014 hay 28.343 beneficiarios menos que en el mismo mes de 2013. No obstante, Arredondo admite que Andalucía está "en cabeza" a nivel nacional en la aplicación de la ley.