Málaga

Ecologistas acusan a la Junta de alentar la "construcción ilegal"

  • Afirman que "es la forma más cancerosa de especulación del suelo rural"

Ecologistas en Acción acusó en el día de ayer a la Junta de Andalucía de "alentar irresponsablemente a la construcción ilegal en suelo rústico" con la "amnistía" para la regularización de las viviendas ilegales que se encuentra construidas sobre terreno rústico.

La reforma de la Ley de Ordenación Urbanística anunciada por la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, en el debate de la Comunidad que se realizó el jueves se une a la "apuesta por el urbanismo ilegal y garantiza la impunidad para los constructores y propietarios de viviendas ilegales".

Además, Ecologistas en Acción tachó de "incongruente que se justifique esa decisión porque las viviendas construidas en parcelaciones ilegales están en un limbo de inseguridad jurídica", ya que afirman que "lo ha creado la Junta con su permisividad durante décadas con el urbanismo ilegal y con la especulación y corrupción urbanística".

Esta decisión de la Junta se une al "vergonzoso" decreto de enero de 2012 por el que se pretende regularizar más de 250.000 viviendas ilegales y "demuestra su firme voluntad de que las ilegalidades urbanísticas queden impunes, en contra de lo manifestado reiteradamente por la presidenta de que quién la hace la paga".

Una vez modificadas las normas legales para regularizar las casas ilegales e impedir la demolición de las 250.000 viviendas aisladas que hay en Andalucía en suelos no urbanizables, ahora se pretende regularizar las construidas en "urbanizaciones ilegales, montadas por tramas de especulación y corrupción", ha recriminado al Gobierno andaluz.

"Es la forma más cancerosa de especulación del suelo rural, que consiste en subdividir ilegalmente una parcela, construir una casa por parcela y luego venderlas", denunciaron.

Apostillaron además que, "si el decreto de regularización de las viviendas construidas en suelo rústico era una bendición para los delincuentes urbanísticos, esta nueva medida supone una claudicación del deber de la Junta de Andalucía de velar por la aplicación de las leyes en este ámbito".

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