La solución final al bloqueo en el que se encuentra el puerto deportivo de San Andrés se demorará aún varios meses más. La necesidad de disponer de un informe del Consejo de Estado avalando la decisión de la Autoridad Portuaria de Málaga de incoar el expediente de caducidad de la concesión adjudicada a finales de 2009 a las empresas Marinas del Mediterráneo y Gea 21 está impidiendo al organismo portuario abrir vías de negociación con empresas que han mostrado interés en impulsar la marina deportiva.

Esta circunstancia, según admitió el presidente del Puerto, Paulino Plata, tiene lugar en un momento en que son varios los grupos inversores que han contactado con el ente portuario para analizar la situación del puerto de San Andrés, una de las piezas clave de la transformación del espacio portuario. Y, por lo ahora conocido, no parece que el escenario vaya a variar al menos en los próximo meses.

Una reciente respuesta parlamentaria emitida por el Gobierno central, a preguntas del diputado nacional del PSOE Miguel Ángel Heredia, clarifica el estado de la cuestión. Tras precisar que fue el 6 de mayo pasado cuando el Puerto abrió el expediente de caducidad de la concesión administrativa ante la ausencia de movimiento por parte de las firmas adjudicatarias, señala que se está a la espera de la emisión del informe por parte del Consejo de Estado. El mismo es preceptivo dada la oposición expresada por la sociedad Marina Ciudad de Málaga, S. A, integrada por Marinas del Mediterráneo y Gea 21, a que se lleve a cabo la mencionada caducidad de la concesión.

Por este motivo, se indica textualmente en la contestación, fechada el pasado 14 de julio pero publicada ayer en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, "se ha acordado la suspensión provisional de su tramitación por tres meses". Un aplazamiento que tiene por objeto el recabar dictamen preceptivo del Consejo de Estado. Tomando como referencia esta fase de la actuación, el Gobierno considera que el expediente de caducidad "tardará en resolverse entre seis meses y un máximo de nueve meses". Es decir, que es previsible que la determinación última sobre el puerto de San Andrés se demore a 2015.

La afección sobre los planes futuros de la Autoridad Portuaria es que hasta que no concluya el mencionado procedimiento, que habrá de finalizar con la caducidad de la concesión, la institución malagueña no tiene a su disposición los terrenos sobre los que se dibuja la intervención. O lo que es lo mismo, "no se puede iniciar ninguna actuación sobre los terrenos de la concesión", aclara la respuesta.

Plata, si bien no entró en profundidad en la cuestión, sí trasladó cierto pesar por ello, dado que en los últimos meses son "tres o cuatro" empresas las que se han acercado a las dependencias portuarias para informarse sobre el proyecto náutico-deportivo e interesarse por su desarrollo.

La marina de San Andrés, con la que se busca dotar a la zona de 662 amarres, es objeto de polémica desde casi el momento en que fue adjudicada su concesión administrativa. Muestra de ello es que en abril de 2010, con el fin de salvaguardar el desarrollo de la infraestructura, el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria llegó a reclamar a la alianza empresarial mayores garantías financieras antes de acometer la actuación. Algo que sin embargo no evitó el hundimiento de la iniciativa ante la incapacidad de las empresas a desarrollar una inversión de 24 millones de euros, con un plazo de ejecución de 18 meses.