La oficina para la regularización de los diseminados rurales de Estepona no funciona, o al menos no lo hace como le gustaría a los vecinos. Según denuncia Miguel Quirós, miembros de la Asociación Andaluza de Viviendas Alegales "en cuatro años solo se han inscrito 15 viviendas en el censo abierto por esta oficina y la mayor parte de ellas pertenecen a ciudadanos extranjeros".

A principios de mandato el alcalde, José María García Urbano, anunció la puesta en marcha de un departamento específico en el que se estudiaría la vía para la legalización de los conocidos como campitos.

En total hay unas 3.500 viviendas fuera de la ley en Estepona. La intención municipal era crear un censo con las mismas para estudiar cada caso y darle encaje legal dentro de la norma vigente, pero para hacerlo los vecinos tenían que inscribirse.

Según Quirós "¿quién va a ir a decir que su casa es ilegal para que le abran un expediente? No se nos han dado garantías de que se nos vaya a dar una solución, así que nadie va a admitir voluntariamente que su vivienda no cumple con la ley".

Quirós señala que los afectados mantuvieron una reunión con el alcalde en la que éste les expuso la necesidad de que los diseminados cumplieran unos mínimos en cuanto a la dotación de saneamiento, abastecimiento e infraestructuras para poder ser legalizados "pero ahora nos encontramos con que nos piden que incluso instalemos la fibra óptica, asfaltemos y realicemos unos trabajos que no podemos asumir. No se ha hecho nada por nosotros" apostilla.

Desde el gobierno no comparten este punto de vista. Según "se ha ofrecido los mecanismos legales que existen hasta el momento".

Ante esta situación los vecinos ven con esperanza el anuncio de modificación de la LOUA realizado por la presidenta de la Junta de Andalucía.