¿Deben contratarse empresas privadas para realizar servicios públicos? ¿Es la cofinanciación la solución a los problemas de las administraciones? ¿Es más barato subcontratar? Éstas y otras cuestiones se plantean en varios municipios de la parte más occidental de la Costa del Sol especialmente cuando quedan menos de 9 meses para las próximas elecciones municipales. Mientras que en Casares este verano la comunidad educativa se ha puesto en pie de guerra para evitar la externalización del servicio de comedor escolar que hasta ahora venía prestando el Ayuntamiento, en Marbella y Estepona la situación es bien distinta.

En el caso de Estepona desde hace años está privatizado el servicio de recogida de basuras y suministro de agua potable pero durante este mandato se ha puesto en manos privadas desde la gestión de la plaza de toros y el parque de Los Pedregales, hasta el mantenimiento y limpieza de edificios públicos, la limpieza de las playas, el servicio de socorrismo, la gestión de los cementerios o el cuidado de los parques y jardines, entre otros.

Desde la oposición critican abiertamente la privatización de los servicios y recuerdan que son muchos los incumplimientos por parte de las empresas concesionarias. Por ejemplo, según el socialista David Valadez, la mercantil que gestiona la limpieza en los edificios públicos se retrasa en los pagos de las nóminas de los trabajadores públicos que fueron subrogados a esta sociedad mientras que la concesionaria de las infraestructuras no ha iluminado aún la A7 en todos sus tramos, en la plaza de toros no se ha cumplido con la programación prevista y en el parque de Los Pedregales no se han realizado las inversiones previstas.

Tanto PSOE como Ciudadanos Independientes, ambos en la oposición, mantienen que la privatización implica el pago del IVA a las concesionarias por lo que, en su opinión, la gestión pública resulta más barata y garantiza mejores condiciones a los trabajadores.

Desde el gobierno, sin embargo, defienden las externalizaciones. El concejal de Hacienda, Manuel Aguilar, asegura que con esta política se consigue un ahorro anual de 1,5 millones de euros y se prestan mejores servicios a los ciudadanos al tiempo que se han conseguido equilibrar las cuentas públicas.

En Marbella, hace tiempo que el servicio de abastecimiento de agua potable está en manos privadas si bien en los últimos años se ha incorporado a este modelo de gestión el servicio de alcantarillado lo que se ha traducido en la imposición de una nueva tasa.

Del mismo modo se ha adjudicado a una empresa la gestión de los cementerios y de las piscinas de Miraflores o la de Fuentenueva. Desde el gobierno aseguran que estas últimas operaciones permitirán ampliar los servicios y crear mejores complejos polideportivos mientras que desde la oposición se reprocha que se pongan en manos privadas unas infraestructuras construidas, en parte, gracias a las aportaciones de fondos públicos realizados por la Junta.

El caso del transporte público es más complicado. Tras 20 años de gestión privada, el equipo de gobierno ha solicitado a la Junta el rescate de tres líneas que están en manos del gobierno autonómico tras las quejas recibidas por los usuarios. Desde IU, ante este anuncio, lamentan que el gobierno no vaya a municipalizar todo el transporte público en lugar de limitarse a la parte del servicio que corresponde a la Junta y apuestan por la creación de una empresa pública.

Desde el equipo de gobierno, ante las quejas de la oposición, el portavoz municipal, Félix Romero, del PP, ha lamentado que IU se oponga a las privatizaciones en Marbella mientras las apoya en la Junta de Andalucía. Concretamente el popular recuerda que desde el gobierno autonómico se propuso la privatización de las obras de ampliación del Hospital Costa del Sol en el que a partir de mediados de octubre se eliminará el aparcamiento gratuito para los usuarios.

Recuerda Romero que también se propuso desde la Junta la cofinanciación público-privada para la ampliación del Puerto de la Bajadilla, que se ha adjudicado a la empresa del jeque Al-Thani. También señala el popular que la Junta pretendía construir el colegio Gil Muñiz financiando las obras a través de la adjudicación a una empresa privada de la gestión de un aparcamiento. Finalmente este concurso quedó desierto y los padres siguen pendientes de que la Junta redacte el proyecto de construcción del edificio que sustituirá al actual que data de 1956. Conclusión. Privatizaciones sí o no. Depende, como todo, del cristal con el que se mire.