Málaga

Los autónomos denuncian que las instituciones aún les deben 100 millones

  • La Federación ATA critica que ni las Administraciones ni las empresas cumplen con los plazos de la Ley de Morosidad

Las Administraciones Públicas aún les deben 100 millones de euros a los autónomos malagueños y, para más inri, están incumpliendo los plazos establecidos en la Ley de Morosidad que está operativa desde hace un año. Así lo denunció ayer la Federación de Autónomos (ATA), que no dudó en calificar estos hechos de "bochornosos".

Esa ley establece que las Administraciones Públicas deben abonar sus deudas a los proveedores en un plazo máximo de 30 días, mientras que en los pagos entre empresas privadas son 60 días. Ninguna lo está cumpliendo. En el caso concreto de Andalucía, las Administraciones están pagando con una media de 132 días (más de cuatro veces lo que exige la ley), siendo la tercera comunidad autónoma, tras Cataluña y Comunidad Valenciana, con mayor demora en España.

La deuda de las Administraciones con los autónomos de la provincia asciende este mes de septiembre a 99,6 millones de euros, lo que supone un aumento de 2,9 millones de euros respecto a mayo, según los datos aportados por ATA. "Se le ha ayudado tres veces a los ayuntamientos con los planes de pago a proveedores y que vuelva a crecer la deuda es bochornoso. Los empresarios nos hemos adaptado a las circunstancias de la crisis y no gastamos más de lo que ingresamos, pero parece que la Administración sigue adquiriendo servicios y luego no los paga", aseguró ayer Rafael Amor, vicepresidente de ATA en Andalucía.

Este representante indicó que "aunque la situación es difícil los autónomos estamos dando ejemplo y estamos creciendo, pero no hay igualdad de trato porque cuando un autónomo no paga a Hacienda o una cotización social tiene automáticamente un 20% de recargo mientras que cuando es la Administración la que te debe no pasa nada y eso no es justo". El vicepresidente de ATA también reclamó un mayor apoyo por parte de la banca. "El 60% de los autónomos ya no acuden a una entidad financiera y a la mitad de los que van se les deniega el crédito", añadió Amor, quien apuntó que los autónomos suelen pedir créditos entre 8.000 y 18.000 euros.

La morosidad pública y esa supuesta falta de crédito no está frenando la aparición de nuevos autónomos en Málaga. Según los datos de la Seguridad Social, en agosto había dados de alta 102.183 autónomos, casi 5.550 más que hace un año, un 5,6% más. Solo en lo que va de año hay 5.100 afiliados más en la provincia. El comercio, la hostelería y la construcción son los sectores que acaparan a más profesionales de este tipo.

La morosidad pública no solo afecta a los autónomos, aunque sí es cierto que éstos representan una gran parte del tejido empresarial malagueño. Natalia Sánchez, secretaria general de la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM), señaló que "en nuestra provincia se calcula que las Administraciones aún deben a las empresas 150 millones de euros". "Aunque se han dado importantes pasos, como ha sido el desarrollo de los sucesivos Planes de Pago a Proveedores promovidos por el Gobierno central, es cierto que la morosidad sigue siendo un problema acuciante para nuestras empresas y autónomos", subrayó Sánchez, quien recordó que las pymes y los autónomos "dependen en gran medida de la liquidez de sus negocios para sobrevivir, no pudiendo hacer frente a facturas impagadas durante largos periodos de tiempo".

Los constructores y promotores van más allá y aseguran que las Administraciones les deben 310 millones de euros, "incluyendo la deuda que está judicializada y la que se encuentra guardada en cajones en la Junta de Andalucía porque no está fiscalizada ni hay ningún calendario de pago", criticó el presidente de la patronal, José Prado, a comienzos de verano.

La Administración autonómica es la que más tarda en pagar, en general, en toda España, seguida de la local. La Administración Central está saldando sus deudas en una media de 37 días -casi lo que marca la ley-, si bien ATA puntualiza que hay pocos autónomos trabajando para el Gobierno central.

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