El Ayuntamiento de Torremolinos que preside Pedro Fernández Montes (PP) cedió supuestamente a un tercero las instalaciones de Parque Animal a petición de la propia presidenta de la conocida como Protectora de los horrores e imputada por el presunto sacrificio ilegal de casi 3.000 perros y gatos, Carmen Marín, sin concurso al que pudieran concurrir otros colectivos.

La concesión de estas instalaciones, de propiedad municipal y situadas en la avenida San Antón sin número de Torremolinos, recayeron sobre la Asociación para la Protección y Cuidado de los Animales Canes en febrero de 2012, poco más de un año después de que el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil destapara el caso de supuesto exterminio masivo llevado a cabo en Parque Animal.

En un informe realizado por el instituto armado y entregado al juzgado de instrucción número 5 de Torremolinos en diciembre de 2012 para la obtención de los correspondientes mandamientos judiciales, queda de manifiesto que el 30 de enero de 2012 Carmen Marín solicitó presuntamente al Ayuntamiento de Torremolinos en nombre de la Asociación para la Protección y Defensa de los Animales la preceptiva autorización para ceder a un tercero dichas instalaciones por un periodo de ocho años e incluso especificó que en caso de que se autorizase la cesión del derecho de superficie se hiciese a favor de la Asociación para la Protección y Cuidado de los Animales Canes de Torremolinos.

Apenas una semana después, la investigación llevada a cabo por el Seprona reveló que la jefa de contratación del Consistorio de Torremolinos emitió un informe favorable sobre la solicitud de la directora de Parque Animal para ceder el derecho de superficie de las instalaciones de la protectora. Tanto es así que el 9 de febrero de ese mismo año un acuerdo plenario refrendó la cesión de todos los derechos a la asociación que la imputada por presunto maltrato animal indicó y sin que hubieran podido concurrir otras asociaciones.

La nueva concesionaria se constituyó como asociación el 27 de diciembre de 2011, es decir, apenas un mes antes de que Carmen Marín la propusiera como beneficiaria de la concesión de las instalaciones de Parque Animal.

Sin embargo, la Guardia Civil comprobó en noviembre de 2012 que en el Registro de la propiedad no constaba que hubiese sido inscrita la cesión temporal del derecho de superficie a dicha asociación, un requisito imprescindible para que sea efectivo.

Varios socios de la asociación denunciaron que la cesión de la concesión tampoco había sido puesta en conocimiento de la asamblea general ni se había adoptado acuerdo alguno al respecto.

El informe del Seprona concluye que "parece evidente al menos desde el punto de vista policial que sus responsables han optado de forma voluntaria por la clausura temporal de sus actividades y por ende de los fines para los que la asociación sin ánimo de lucro quedó constituida", por lo que añade que "se hace difícil de entender que siga recibiendo determinadas subvenciones del Ayuntamiento de Torremolinos".

Además, los investigadores alertaron de que Carmen Marín seguía disponiendo del patrimonio de la asociación a pesar de haber cedido sus instalaciones y "ante el perjuicio que ha sufrido el patrimonio de la asociación como consecuencia de una gestión en que se han visto violados los deberes de fidelidad inherentes a su estatus".