El Metro de Málaga ha mantenido durante casi un año sin "cobertura jurídica" el servicio de asistencia técnica para la supervisión y control de los trazados de las líneas 1 y 2. Así consta en un reciente dictamen emitido por el Consejo Consultivo de Andalucía, al que tuvo acceso este periódico, y mediante el que responde a la petición de la Consejería de Fomento para prorrogar este contrato hasta el 31 de octubre próximo.

La reclamación supone, de facto, una modificación contractual. A tenor de los datos oficiales, de un lado pide el aval para extender el citado contrato hasta el próximo 31 de octubre, y, de otro, para ampliar el contenido del mismo, ya que la mencionada asistencia técnica "deberá continuar con los trabajos de apoyo para el cierre final de la obra, en la elaboración de informes de reclamaciones, coordinación en la elaboración del as built, apoyo en la entrega de las urbanizaciones repuestas...".

Para justificar esta petición, la Junta incide en que esta asistencia es complementaria "de otro contrato principal de obra", en concreto de ejecución de los ramales de Carretera de Cádiz y Teatinos. Incluso, relaciona la necesidad de ampliar su vigencia en los retrasos en la terminación de la infraestructura, que no entró en funcionamiento hasta el pasado 31 de julio.

Con estos elementos, los responsables del informe creen "evidente" que la pretendida prórroga y la ampliación del contenido contractual desde el 31 de octubre de 2013 hasta el 31 de octubre de 2014 "persigue legalizar una ampliación del plazo y del objeto del contrato que, en la práctica, se ha venido desarrollando sin haber tramitado previamente el correspondiente expediente que otorgue cobertura jurídica a dicha actuación de hecho". Por este motivo, dictamina "desfavorablemente" la modificación del contrato. El informe no es vinculante.

La relación contractual objeto de análisis se formalizó el 22 de septiembre de 2009, con la previsión de que concluyese 39 meses después. El precio de adjudicación fue de 1.943.378,94 euros. Fomento, antes del vencimiento de los plazos, incluyó una addenda en el contrato el 17 de mayo de 2012 mediante la que se prorrogaba el contrato hasta el 31 de octubre de 2013. El precio fue de 1.781.099,15 euros.

La tercera variable es la que ahora se somete a análisis. En la misma, la Junta quiso prorrogar "con carácter retroactivo" la relación contractual de esta asistencia técnica hasta el 31 de octubre de 2014, para lo que se asignaron 713.357,7 euros. En este sentido, el dictamen señala que tanto los informes jurídicos de la consejería como el Gabinete Jurídico de la Junta, admitían que el contrato "finalizó" el 31 de octubre pasado. Con ello, se insiste en que la "pretendida prórroga que ahora se ha tramitado desplegaría sus efectos sobre un contrato extinguido, lo cual no encuentra cobertura en la normativa aplicable".